Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en beneficio del sector empresarial y los usuarios del juego privado en Castilla y León, la Junta ha convocado una reunión con las brigadas provinciales de la Policía Judicial, Grupo de Juego, que operan en la comunidad autónoma. Este encuentro, promovido por la Consejería de la Presidencia, ha estado coordinado por la directora general de Relaciones Institucionales de la Administración Autonómica, Irene Muñoz, y ha contado con la participación de representantes de la Policía Nacional en las nueve provincias de Castilla y León.
Uno de los ejes centrales de la reunión ha sido la presentación del Plan de Inspección de Juego 2025, que marcará las directrices y prioridades para el año en curso. Los integrantes han analizado conjuntamente los retos a los que se enfrentan las brigadas en sus labores de inspección, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas y unificar los diferentes criterios de actuación.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “la colaboración institucional es esencial para promover un entorno de juego seguro, tanto para los usuarios como para las empresas que operan en este sector. Es fundamental que todas las instituciones trabajemos de la mano con el sector privado para garantizar que se cumplen los más altos estándares de transparencia y responsabilidad”.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Estado de Seguridad firmaron un convenio en el año 2023, para que las Unidades de la Policía Nacional encargadas de la protección de la seguridad pública puedan actuar, en coordinación con la Administración Autonómica, en la persecución de las posibles conductas ilícitas que se puedan producir en el ámbito del juego y las apuestas.
Dichas funciones incluyen la vigilancia del cumplimiento por parte de los establecimientos de juego de la normativa en vigor, a través de la inspección permanente de los locales, la elaboración de informes y el levantamiento de actas por potenciales infracciones. A estos efectos, la Junta de Castilla y León dota a estas brigadas de los medios tecnológicos necesarios para realizar correctamente su trabajo. Dichos medios incluyen ordenadores portátiles con conexión a internet para poder levantar actas en los propios establecimientos de juego, impresoras portátiles para imprimir dichas actas en el momento, o PDAs preparadas para extraer datos referidos a la actividad de las máquinas de juego.
De esta forma, la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional promueven, de forma colaborativa, un mayor control para garantizar la correcta actividad de los establecimientos específicos de juego. El número de estos establecimientos en Castilla y León se sitúa en 150: 3 casinos, 14 casas de apuestas, 17 bingos y 116 salones de juego. A ellos hay que añadir los 9.834 establecimientos de hostelería donde hay actualmente instaladas máquinas de tipo B.
Los datos de las diferentes inspecciones a lo largo de Castilla y León se reflejan en la Memoria Anual de Juego y Apuestas de la Comunidad. De la última Memoria, que hace referencia a la actividad de 2024, se desprende que se ha incrementado la vigilancia en los establecimientos específicos de juego, con 4.654 inspecciones realizadas por la Policía Nacional en virtud del citado convenio, frente a las 4.383 que tuvieron lugar en 2023. A finales del año pasado, había 58 actas de infracción en distinto punto del procedimiento administrativo sancionador, misma cantidad que la recogida en la memoria de 2023.
González Gago ha reiterado que “el objetivo de este Gobierno Autonómico es garantizar un entorno de juego responsable, con controles eficaces que aseguren la correcta actividad de un sector que genera empleo y contribuye a las arcas autonómicas”.
