El Servicio General de Espectrometría de Masas de la Universidad de Salamanca lleva desde el 2016 analizando las pruebas de drogas que realiza a conductores la Policía Local de Salamanca de forma gratuita y sin tener un contrato o convenio que ampare este hecho.
Tal y como ha podido saber Salamanca24horas.com, la paciencia de los investigadores de este laboratorio vinculado a la Universidad de Salamanca ha llegado a su fin. Hace pocos días se han plantado y han rechazado analizar una de las muestras de abuso de drogas o psicotrópicos realizadas a un conductor por Atestados de la Policía Local de Salamanca y remitidas por los funcionarios al mencionado laboratorio.
Lo han hecho para intentar solucionar esta situación, que lleva desde que concluyó el convenio en 2015 sin volver a recibir pago por las muestras o, al menos, sin tener un convenio que les de algún tipo de amparo.
El malestar es real entre los investigadores que destacan que ellos intentan colaborar en la medida de lo posible “con Salamanca y por ayudar a la Policía Local”, más con el buen trato siempre entre Ayuntamiento y Universidad, por ello no entienden las evasivas cuando han intentado contactar con el que ellos creen que es el responsable, el concejal de Protección Ciudadana, Fernando Carabias, para buscar una solución a algo que llevan haciendo durante bastantes años sin recibir nada a cambio.
Según miembros de este mismo laboratorio, desde la concejalía se les ha transmitido que no es su competencia, que es de otro departamento del propio Ayuntamiento, pero tampoco se ha intentado buscar una solución hasta ahora de un proceso que vincula directamente a la Policía Local..
Un sentir que también comparten los propios agentes que han visto menospreciada su labor profesional al no recibir el análisis de esas pruebas.
Un convenio que se firmó solo para 2015
La colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad para la “homologación de un laboratorio destinado al análisis de drogas de abuso y psicotrópicos en muestras biológicas” se firmó el 17 de noviembre de 2014.
Un convenio fruto del pacto entre el entonces alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el antiguo rector, Daniel Hernández Ruipérez, y cuyo objetivo era que las muestras obtenidas a conductores por parte de agentes de la Policía Local fueran analizadas por el Servicio General de Espectrometría de Masas de la USAL, cumpliendo una serie de estrictos criterios de calidad y de custodia de las pruebas.
La Universidad se comprometía a garantizar la seguridad y la calidad en el análisis de las muestras, mientras que el Ayuntamiento pagaría a la USAL 10.000 euros a través de transferencia bancaria para cubrir los gastos de los análisis y de la homologación del laboratorio.
La vigencia de este convenio finalizó con la conclusión de 2015 y no se volvió a renovar, sin embargo, los agentes de la Policía Local siguieron remitiendo las pruebas y el laboratorio de la Universidad de Salamanca analizándolas, pero sin convenio en vigor ni pago por parte del Ayuntamiento.
Por eso, tras siete años sin recibir compensación por su trabajo los investigadores han decidido plantarse. No solo solicitan el pago del coste de las muestras, sino, y más importante si cabe para ellos, un contrato o un convenio que les ampare y justifique su trabajo.
“Digamos que no hay contrato de vinculación para que se estén analizando esas pruebas. Se está haciendo por amor al arte. De forma profesional en el análisis, como siempre, pero casera en el momento en que están llevando las pruebas, sin un contrato o convenio en vigor”.
Ayuntamiento y Universidad ya tienen acuerdo
Fruto de la presión de los investigadores el Consistorio ha acelerado las gestiones para llegar a un acuerdo con la Universidad de Salamanca y cerrar un contrato menor, según han confirmado después de que este medio solicitara información sobre esta situación.
Coincidencia o no, después de más de siete años la USAL y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para que este último subvencione con 10.000 euros las pruebas que se realizaran en este 2023.
Desde el Consistorio justifican que con la pandemia se redujeron las pruebas de drogas a conductores y que ahora, ya en 2023, como el volumen crecerá, se ha decidido volver a subvencionar los cerca de 120 o 150 análisis que se esperan al año. Por ello ya han llegado a un acuerdo, “muy recientemente”, pero todavía no hay nada firmado, aunque se hará en los próximos días, según han confirmado fuentes municipales.
