El Congreso de los Diputados se prepara para dar un giro drástico a la política criminal en España con la aprobación definitiva de una reforma penal que endurece sustancialmente el castigo contra la delincuencia habitual. Esta iniciativa, impulsada originalmente por Junts y rescatada tras un pacto con el PSOE, ha logrado aglutinar un apoyo transversal que incluye a PP, Vox y PNV. El objetivo principal es terminar con la sensación de impunidad que rodea a la multirreincidencia, transformando lo que antes eran simples multas en penas de cárcel efectivas para quienes hacen del delito su modo de vida.
Uno de los puntos más ambiciosos de la nueva ley es la reclasificación del robo de dispositivos electrónicos. A partir de ahora, sustraer un teléfono móvil o cualquier aparato informático que contenga datos personales ya no será considerado un simple hurto de patrimonio. La justicia entenderá que el daño causado a la víctima va mucho más allá del valor económico del terminal, protegiendo la intimidad y la seguridad digital del ciudadano. Este agravante específico elevará las penas de forma automática, a menos que se trate de dispositivos nuevos en establecimientos comerciales que aún no contengan información privada.
En cuanto a la multirreincidencia, la reforma elimina las vías de escape para los delincuentes profesionales. En los casos de hurtos inferiores a 400 euros, que tradicionalmente se resolvían con sanciones económicas menores, el castigo podrá elevarse a penas de prisión de uno a tres años si el autor acumula tres condenas previas por delitos similares. Esta medida se extiende también a los delitos de estafa, donde los jueces tendrán ahora mayor margen para encarcelar a los estafadores en función del quebranto económico y el engaño utilizado, cerrando así el cerco sobre las redes de criminalidad que operan en las zonas comerciales y turísticas.
Además del endurecimiento de los años de cárcel, la reforma introduce herramientas de control social sin precedentes, como la capacidad de imponer medidas cautelares de alejamiento. Los jueces podrán prohibir a los delincuentes reincidentes la entrada en barrios, municipios o incluso provincias enteras donde operen habitualmente, una demanda histórica de las fuerzas de seguridad para limpiar las zonas calientes de criminalidad. Asimismo, la ley golpea la logística del narcotráfico al tipificar el 'petaqueo' —el suministro de combustible a narcolanchas— con penas de hasta cinco años de prisión, atacando el soporte vital de las mafias en el mar.
