La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se suma este jueves 16 de marzo a la celebración del Día Contra las Agresiones a Sanitarios haciendo una llamada a profesionales, pacientes y autoridades políticas y judiciales para luchar juntos contra esta lacra, de la que tiene constancia que va a más, particularmente en el caso de las manifestaciones de violencia que no son de carácter físico.
Según los datos de que dispone esta organización sindical, hasta el 85% de los médicos han experimentado alguna vez episodios de violencia (física o en forma de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones) por parte de pacientes o familiares, y el perfil mayoritario de la víctima es el de una mujer médico que trabaja en el ámbito extrahospitalario.
Así las cosas, CESM valora como un paso importante en la prevención de este problema la reforma introducida en el código penal en 2015, que otorga el estatus de autoridad pública a los médicos en el ejercicio de su labor, lo que conlleva que la agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito en vez de falta.
Sin embargo, recuerda que el alcance de este artículo penal debe ampliarse para proteger no sólo a los profesionales que tienen la condición de funcionarios públicos, sino a todos ellos, es decir, tanto al personal laboral como a los compañeros que ejercen en la sanidad concertada y privada.
Demanda igualmente que la interpretación y desarrollo normativo de este artículo, a la hora de ser aplicado por las Fiscalías y Administraciones autonómicas, contemple las agresiones verbales y otras conductas de vejación o menosprecio que muchos médicos sufren a diario en sus consultas y que también deberían ser perseguibles de oficio.
Asimismo, pide que se unifiquen criterios en la esfera judicial para que las agresiones sean penadas por el mismo rasero en todas las CCAA, que los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, y que se conceda la presunción de veracidad al profesional denunciante cuando no haya testigos por medio.
Medidas preventivas
En cuanto a la prevención, CESM exige que se actúe sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir. Entre estos factores hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos, o la falta de dispositivos de seguridad en los centros (vigilantes de seguridad cuando sea preciso, cámaras, interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etcétera).
En relación con ello, la Confederación apunta que sigue pendiente la elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que sean uniformes en todas las comunidades autónomas y tengan como objetivo dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
Por último, aunque no con una consideración menor, CESM pide que las distintas administraciones públicas dispongan el asesoramiento legal, la defensa jurídica por expertos penalistas y la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores.
De hecho, es muy a tener en cuenta que ya haya habido sentencias sobre agresiones que responsabilizan a la Administración, fundamentándose para ello en la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
