Aumentan el número de denuncias de manera exponencial pero no así las medidas judiciales de protección penales, que apenas lo han hecho en tres, de las 101 a las 104 en los segundos trimestres de 2016 a 2017. Han aumentado, eso sí, aquellas sin orden de protección, que han llegado a las 98, mientras que otras seis lo hicieron con ellas. En 2016, por su parte, la relación fue de 84 y 17.
En cambio, a pesar de mantenerse este número, sí aumentan aquellas medidas de protección referidas al alejamiento y la prohibición de comunicación. Referente a la primera, estas han llegado a 43 en el segundo trimestre, mientras que las segundos lo hicieron en el mismo número. En cambio, en el 2016, estas fueron 39 y 31, respectivamente.
También ha aumentado la prohibición de volver al lugar del delito, que en los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, muestra seis casos por los cero en 2016. La suspensión de la tenencia de armas ha aumentado por cuatro, de dos a ocho.
En cambio, sí han descendido la medida privativa de libertad y la salida del domicilio, así como las que aparecen en el apartado otras. En el primero de los casos, han pasado de cuatro a dos, mientras que en el segundo de diez a cero.
Medidas civiles
Las medidas civiles, en cambio, apenas son recurridas en Salamanca. De hecho, desde abril a junio de 2017, estas han llegado tan solo a cuatro, dos de ellas de prestación de alimentos, una de suspensión de la guarda y custodia y otra dentro del apartado de otras.
En 2016, en cambio, las medidas judiciales de protección civiles, durante el segundo trimestre fueron nueve. De entre ellas, dos fueron referentes a la atribución a la vivienda, uno a suspensión de régimen de visitas, otra de la suspensión de la patria potestad y de la guarda y custodia, mientras que dos de prestación de alimentos y también del apartado de otras.
