Son muchos meses de dudas, desde que 5.000 familias que hacen un total de 11.000 habitantes de Salamanca no saben aún qué aseguradoras serán las que entren finalmente en el contrato que quiere firmar el propio Gobierno de España y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para dar esa deseada sanidad concertada a miles de personas en todo el territorio charro.
Desde noviembre ya se empezaba a avisar de que había muchas dudas, algo que se ha ido incrementando con el toma y daca entre las instituciones competentes y las aseguradoras, que no querían ese primer contrato que se ofrecía, que no llegaba al 14 por ciento, y donde se plantaron las aseguradoras exponiendo que no salía rentable por, básicamente, la inflación existente en España y donde la sanidad privada cada vez es más cara.
Hablamos de un tema que tres meses después no ha visto la luz, y en donde millón y medio de español y españolas no han salido de dudas aún, incluso facilitando el propio Gobierno el traslado desde la sanidad concertada a la Seguridad Social, algo que aseguraban desde CSIF Salamanca que iba a ocasionar un gran gasto en las arcas estatales, y un gran agujero en las comunidades autónomas que iban a tener lidiar con un pago que se multiplicaba por dos en el caso de que no se llegase a licitar de una forma adecuada.
Tras una primera y segunda propuesta, todas las aseguradoras pusieron el freno, quedando únicamente ASISA a la espera de una tercera. Todo cambió con la subida de hasta el 41 por ciento que había prometido el Estado, donde ya llamó la atención de Adeslas y DKV, para firmar por tres años más y asegurar la ansiada sanidad concertada para miles de personas en la capital del Tormes y provincia, contando a los propios funcionarios, familiares y jubilados.
Según informa EL MUNDO, Adeslas aseguraba que tendrían pérdidas, con la segunda licitación de casi el 34 por ciento, de 250 millones de euros a nivel nacional, mientras que DKV habría expuesto que tendrían pérdidas de entre 70 y 100 millones si firmaban por tres años con esa partida presupuestaria.
Una vez llegado hasta el 41,2 por ciento, Adeslas y Asisa han considerado positivamente lo ofrecido, lo que han hecho que quiera ir a la licitación que hará que se resuelvan esas eternas dudas en los habitantes charros de los sectores del funcionariado educativo y de la Administración General del Estado.
Por el momento, la fecha que se ha expuesto es el 4 de marzo para empezar a presentar los pliegos, cerrándose el 5 de marzo y así sellar por fin el contrato que aseguraría la sanidad concertada desde 2025 hasta 2027 de todos los salmantinos que han querido optar por Muface.
Cabe destacar que el pasado 28 de enero el Consejo de Ministros llegaba a un acuerdo para realizar por fin los trámites necesarios y aceptar ese deseado, para las aseguradoras, 41,2 por ciento que ‘salvará’ a los trabajadores públicos y así optar por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado o por la Seguridad Social.
Como hemos visto en meses anteriores, las movilizaciones se han sucedido en la capital del Tormes, ya sea frente a la Subdelegación del Gobierno, o a las puertas de la sede de MUFACE en Salamanca para alzar la voz por algo que consideran totalmente necesario.
Además, el 13 de febrero sigue en pie la movilización organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios que “no se fían”, como explicaron a SALAMANCA24HORAS, tras “sentirnos engañados por el propio Gobierno de España y Pedro Sánchez”.
