La escasa financiación es el principal problema al que se enfrentan los municipios pequeños para poder prestar servicios a sus ciudadanos y frenar la despoblación. Y es que las 2.188 localidades de menos de 5.000 habitantes de la Comunidad gestionaron unos presupuestos el año pasado de 1.007,9 millones de euros, cuando las nueve de más de 50.000 (Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) tuvieron unas cuentas de 1.217,9, es decir, manejaron 210 millones más.
Los datos los aporta el Ministerio de Hacienda, que precisa que los cinco municipios con entre 50.001 y 100.000 habitantes manejaron 378,6 millones; y los de más de 100.001, un total de 839,2 millones. Además, concreta también que las poblaciones de 5.000 a 20.000 habitantes (44) presupuestaron el año pasado 319,3 millones; y las de entre 20.001 a 50.000, 218,1. Las diputaciones adquieren mayor protagonismo en este contexto para apoyar a las poblaciones más pequeñas y el pasado ejercicio manejaron 916,35 millones de euros.
En su conjunto, los ayuntamientos de Castilla y León presentaron unos presupuestos de gasto de 2.763,2 millones de euros que representan un subida respecto a los de 2021, del 5,3 por ciento. Por tramos de población, los presupuestos que más se elevaron fueron los de las poblaciones con entre 50.001 y 100.000 ciudadanos, un 12,7 por ciento; seguidos por los menores de 5.000, que avanzaron un 7,2 por ciento. Los de entre 5.001 y 20.000 habitantes vieron crecer sus grandes cifras un 2,5 por ciento; los de entre 20.001 y 50.000, un 5,4 por ciento, y los grandes de más de 100.000, apenas un 1,4 por ciento.
El análisis presupuestario del departamento que dirige María Jesús Montero, recogido por Ical, revela además que el grueso de las partidas de los municipios se dedicaron a la prestación de servicios básicos, 1.035,3 millones de euros, y a actuaciones de carácter general, 679,9 millones, con crecimientos de estas partidas del 6,9 y 1,5 por ciento, respectivamente.
Bajando al detalle, las localidades de la Comunidad gastaron, dentro de los servios básicos, 414 millones en bienestar comunitario; 292,5 en vivienda y urbanismo; 225,3 en seguridad y movilidad ciudadana y 103,4 en medio ambiente. Asimismo, dedicaron 525,9 millones a servicios de carácter general; 91,1 a administración financiera y tributaria; 39,4 a órganos de gobierno y 23,3 a transferencias a otras administraciones.
Cabe destacar asimismo, que estas corporaciones locales presupuestaron 487,99 millones de euros a la producción de bienes públicos de carácter preferente, un cuantía que representa un aumento del 6,9 por ciento en comparación con el año anterior. En este sentido, se consignaron 233,1 millones de euros para cultura;146,2 millones para deporte; 92,5 para educación; y algo más de 16 millones para sanidad.
Por lo que se refiere a las actuaciones de protección y promoción social, absorbieron 243,6 millones de euros, con un aumento del 4,5 por ciento. Estas partidas se repartieron entre 177,39 millones para servicios y promoción social;47,9 para fomento del empleo; 10,5 para pensiones y 7,7 para otras prestaciones económicas a favor de empleados.
En cuanto a las actuaciones de carácter económico, los ayuntamientos de Castilla y León dispusieron de 225,8 millones de euros, con un incremento en comparación a 2021, del 5,5 por ciento. Al respecto, se destinaron 74,6 millones de euros para trasporte público; 73,3 para comercio, turismo y pymes; 56,4 para infraestructuras; 7,8 para industria y energía; 7,2 para agricultura, ganadería y pesca y 236.000 euros para investigación, desarrollo e innovación.
Por último, los consistorios se gastaron 90,4 millones en deuda pública, que suponen un crecimiento de la cuantía para intereses y amortizaciones del 11,7 por ciento en relación al dato del año anterior de estas instituciones.
