El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la puesta a disposición de 42 millones de euros para que los gobiernos autonómicos refuercen sus sistemas de atención temprana dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 6 años. La medida fue presentada por el ministro Pablo Bustinduy durante el acto “Atención temprana, un consenso de país”, celebrado este martes.
Esta dotación económica, procedente del Fondo Social Europeo Plus, forma parte del primer acuerdo marco estatal para la atención temprana, aprobado el pasado 31 de enero en una conferencia multisectorial en la que participaron también la ministra de Sanidad, Mónica García, y representantes de diversas comunidades autónomas.
El objetivo del acuerdo es establecer un sistema común y de calidad en todo el territorio nacional para atender precozmente a la infancia con necesidades de desarrollo o riesgo evolutivo. Para ello, las comunidades autónomas que se adhieran podrán utilizar los fondos para financiar distintos recursos y actuaciones.
Iniciativas clave
Entre las principales medidas que podrán implementarse gracias a esta financiación destacan la creación de historias clínicas digitales compartidas entre servicios de salud, educación y atención temprana, la elaboración de planes individualizados de intervención y la realización de talleres formativos para mejorar la atención a los menores y sus familias.
Asimismo, se prevé la formación específica de pediatras y maestros de educación infantil para detectar señales de alarma de manera precoz y activar protocolos de derivación rápida. También se impulsarán cribados del desarrollo infantil en revisiones médicas a los 6, 12 y 24 meses en los centros de salud.
El acuerdo incluye además la creación de una base de datos centralizada con información sobre los casos atendidos, su evolución y los recursos empleados. Los informes de seguimiento se digitalizarán para facilitar el acceso a las familias y profesionales autorizados, y se elaborarán indicadores públicos sobre calidad y tiempos de espera.
Intervención en un máximo de 45 días
Uno de los compromisos más destacados es que los gobiernos autonómicos deberán intervenir en un plazo máximo de 45 días desde la detección de un caso con riesgo evolutivo, en línea con la recomendación de la Garantía Infantil Europea (GIE), aprobada por el Consejo de la UE en 2021.
El marco también establece la obligación de que las comunidades autónomas cuenten con una normativa propia que regule la atención temprana, defina los mecanismos de coordinación interdepartamental y garantice la existencia de una red pública con plantillas estables, suficientes y con empleos de calidad.
Con esta inversión, el Ejecutivo central busca avanzar hacia un modelo homogéneo de atención temprana que garantice la equidad en el acceso, mejore los tiempos de respuesta y asegure una intervención integral y eficaz en el desarrollo infantil.
