El alza de los precios de la energía y de las materias primas han dejado desiertos casi 170 concursos de obras públicas, por importe de 60 millones de euros, en Castilla y León durante 2022. Las administraciones no han encontrado empresa para estas actuaciones en infraestructuras de la Comunidad al no ser atractivo, desde el punto de vista económico, el presupuesto ofertado, lo que ha puesto en juego 1.000 empleos.
Se trata del principal problema al que se enfrentan las constructoras, tras la pandemia del COVID-19, que generó a partir de 2020 y 2021 un desabastecimiento de materias primas y un encarecimiento, al que se ha unido la crisis energética, agravada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace casi un año.
El servicio de estudios de la Cámara de Contratistas de Castilla y León ha contabilizado unas 170 obras desiertas a lo largo de 2022, lo que supone un cinco por ciento de los proyectos licitados. En 2021, fue el tres por ciento los que se quedaron sin empresa adjudicataria, muy por encima del uno por ciento, que era lo habitual, lo que indica que la tendencia, lejos de frenarse, va en avance.
Aunque la inflación ha dado un respiro a España en los últimos meses, las administraciones públicas siguen teniendo problemas en la Comunidad para contratar algunas obras que no han sido atractivas para las empresas. De hecho, los presupuestos de licitación siguen sin recoger el aumento de los costes, pese a los intentos del Gobierno por adaptarlos al nuevo escenario, según indicó a Ical el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual.
Este problema afecta a todas las administraciones, también la local. De hecho, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid declaró hace unos días desierta la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del entorno del edificio ‘HUB de innovación’, situado en la calle Valle de Arán, por no haberse presentado ofertas. Esto conllevará la revisión del contrato y su licitación de nuevo, lo que impedirá ejecutarlo con el calendario previsto.
Máquinas paradas
No obstante, además de estas cifras, se suman otras obras que tampoco se ejecutan por el aumento de los costes, lo que lleva a las empresas a no iniciar los trabajos tras ser adjudicados o a paralizarlos antes de llegar al 20 por ciento -porcentaje que una vez superado permite traspasar el proyecto a otro licitador-, lo que obliga a anular el procedimiento y reiniciarlo desde cero.
Al respecto, el presidente de los contratistas indicó que en esta situación se encuentra otro diez por ciento de las obras licitadas, con un importe que podría suponer 120 millones. Enrique Pascual advirtió de que la paralización de la ejecución o los concursos desiertos amenazan la generación de 3.000 empleos en Castilla y León, una comunidad donde la construcción sostiene unos 65.000.
Además, esta situación está afectando sobre todo a las pequeñas empresas, que no cuentan con los mismos equipos de planificación y análisis de los proyectos para presentar ofertas ajustadas, que garanticen la rentabilidad. En ocasiones, Enrique Pascual señaló que optan a proyectos que no pueden afrontar ante una desviación del presupuesto, ya que un descuadre de las cuentas les impiden continuar con la obra. Otros, más previsores, ni siquiera se presentan a la licitación para no correr riesgos.
Menos bajas de adjudicación
Como efecto del aumento de los costes, las constructoras están ajustando más sus ofertas, reduciéndose las bajas en la adjudicación de los expedientes, y, por tanto, en la pugna por los proyectos. El presidente de la Cámara de Contratistas indicó que hace dos años se movían, de media, entre el 17 y el 19 por ciento en Castilla y León, mientras ahora han bajado al 12 por ciento.
“En términos generales se construye de forma eficiente en España. La Administración contrata muy bien las obras”, concluyó Enrique Pascual.
