TEXTO: SANTIAGO SANTA CRUZ (Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca)
Hace unos días el Congreso de los Diputados aprobó una ley de eutanasia. No voy a entrar en si existe o no una escasa demanda real, en si la encuesta del CIS tenía las preguntas bien formuladas o no o en si habrá o no esa pendiente resbaladiza que muchos dicen, en la cual, tras un tiempo de rigor en su aplicación, se “abrirá la mano” a realizarla sin consentimiento escrito del paciente o en pacientes psiquiátricos o niños, que no pueden dar la autorización, como ya está ocurriendo en Países Bajos y Bélgica.
Son variopintas las razones que alegan los partidarios de la eutanasia y sus detractores. Yo lo que, en estas pocas líneas, quiero traer a reflexión es si es justo o no que esta ley afecte directamente al médico.
Cierto es que estamos hablando de pacientes con un sufrimiento severo, físico y/o psíquico, que no está controlado con los tratamientos que se les aplican y con enfermedades incurables.
Estos pacientes, por su estado de dolor, de invalidez y de “poca esperanza de vida” se merecen toda nuestra atención y ayuda, pero su necesidad no tiene respuesta sólo en la Medicina y sus tratamientos. Tan importantes son las ayudas sociales a la dependencia, la mejora de la soledad, del desamparo, de la fractura familiar, etc. (habitualmente complejas y muy variopintas) y el apoyo espiritual, adaptado a las creencias de cada persona.
Y en tanto hay enfermedad, el médico y demás profesiones sanitarias, con su saber y su humanidad, siendo respetuosos, cercanos y sensibles a su padecimiento, tenemos mucho que hacer.
Pero esta nueva ley no va de esto, sino de cuándo un paciente no quiere seguir viviendo y demanda que se le quite la vida (o que le ayuden a morir).
El principio de autonomía del paciente es un derecho reconocido en la ley desde hace pocas décadas que viene a acabar con la tradicional Medicina paternalista de “haga, doctor, lo que usted crea mejor”.
Pero esta autonomía del paciente no es un absoluto en el que el paciente puede demandar una actuación sanitaria determinada. El paciente tiene todo el derecho a que se le explique de forma veraz, cuidadosa y en un lenguaje entendible, su enfermedad, pronóstico y los tratamientos de que dispone la Medicina actual. Y el paciente decidirá sobre el tratamiento que acepta dentro de los ofrecidos, aunque nunca se le debe abandonar si no acepta nuestra “recomendación”.
Pero el gran “salto” que trae esta ley es que no habla de tratamientos ni de Medicina, sino de algo totalmente ajeno a la esencia de esta: dar fin a una vida, a través de una actuación médica directa. En las facultades de Medicina, en la formación MIR, en los másteres médicos, etc. no existe la formación en la práctica de la eutanasia.
Desde que hay documentación médica, los códigos deontológicos exigen que quien la practique nunca actúe dañando a sabiendas al paciente ni administrándole o facilitándole sustancia alguna para quitarle la vida. Y estos principios, que son más antiguos que todas las democracias y que los partidos políticos o las diferentes ideologías, no pueden ahora reescribirse con una ley que ataca a la línea de flotación de los fundamentos y fines de la Medicina, que son y serán curar y, cuando no se pueda, aliviar a la persona enferma.
Por ello, me pregunto: ¿qué tiene que ver un médico con quitar la vida a un ser humano?
No es competencia del médico dar fin a la existencia de un paciente.
¿Y de quién sería?, pues no es un acto médico.
La misión del médico y de las administraciones sanitarias es la de atender lo mejor posible a los ciudadanos enfermos y, cuando estén al final de su vida o tengan enfermedades incurables que conlleven gran sufrimiento, administrar unos cuidados paliativos integrales, que no son cuidados solamente médicos y para el paciente desahuciado, sino para situaciones con un pronóstico vital corto o con mucho sufrimiento físico no controlable con tratamientos más convencionales.
Es una exigencia que todos los que nos dedicamos a esta profesión debiéramos dar o exigir para nuestros pacientes, la atención sanitaria al final de la vida, pues la realidad es que más del 66% no la tienen, y esto sí que es una tarea urgente y muy necesaria para alcanzar una asistencia de calidad en este imperioso problema.
Pero el aceptar por ley una competencia, la eutanasia, contraria, no a la conciencia personal de cada uno –que también–, sino a la esencia de la Medicina, es aceptar que la vital relación de confianza del paciente en el médico se va a tambalear; que aceptaremos ser “jueces” sobre la vida y la muerte; que aceptaremos importantes discusiones y tensiones en las unidades asistenciales entre profesionales; que se judicializarán algunos de estos casos, implicando a médicos; que habrá tensiones con familiares y allegados que desconocían la petición del familiar o que la achacaban a un mal momento, pero que nos echarán en cara el no hacer todo lo posible por su vida.
No se puede actuar por ley sobre la conciencia personal ni sobre los fundamentos esenciales de una profesión médica tan necesaria y valorada por los ciudadanos tal como es y ha sido siempre: la vida, la salud y el enfermo.
