Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Salamanca, mostrarán en el Pleno municipal del próximo viernes su frontal rechazo a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir las autovías en vías de pago mediante peaje.
Lo harán a través de una moción conjunta que han registrado, y que de ser aprobada en la reunión de los grupos políticos que integran el Consistorio —con sus propios votos vale—, manifestará la oposición del Ayuntamiento de Salamanca a la introducción de peajes en las autovías, ya que produciría un grave perjuicio económico para los ciudadanos y los trabajadores de capital y provincia, así como un descenso del turismo y una merma en las condiciones de seguridad en el transporte.
Tanto PP como Ciudadanos consideran que, de ser aprobado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno de España a las autoridades comunitarias generará uno de los cambios más relevantes en el transporte de España, pues actualmente sólo son de pago determinadas autopistas de peaje, sin que ninguna de ellas discurra por la provincia de Salamanca.
En estos momentos, la provincia de Salamanca se encuentra vertebrada por tres grandes autovías que son gratuitas: la A-66 o Vía de la Plata, que conecta con el norte y el sur del país; la A-62 o Autovía de Castilla, que cruza la provincia salmantina de este a oeste y además es una de las principales vías para el transporte de mercancías de toda Europa; y por último la A-50, que conecta con Ávila y Madrid.
Los dos grupos políticos consideran que la introducción de peajes en Salamanca supondrá "un revés económico" para miles de salmantinos que utilizan estas vías de comunicación; así como "un agravio especialmente preocupante" en un momento en el que muchas familias atraviesan por dificultades económicas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Además, esta medida afectará muy negativamente a Salamanca como punto estratégio de comunicación por carretera y como provincia que recibe anualmente a millones de turistas que se desplazan por estas vías.
Perjuicio para autónomos, transportistas y empresas
La moción conjunta afirma, del mismo modo, que las empresas se verán también obligadas a afrontar "mayores gastos" en el transporte de productos y de sus propios empleados, lo que sin duda repercutirá negativamente en la economía española y en una "probable subida" de precios de productos y servicios.
Además, de aprobarse la medida del Gobierno, también generará graves perjuicios en la seguridad de las comunicaciones por carretera. "Muchos ciudadanos tendrán que recurrir a las carreteras nacionales y vías secundarias gratuitas para sus desplazamientos; unas infraestructuras que no ofrecen la misma seguridad que las autovías y en las que la siniestralidad y los tiempos de viaje son superiores", indican ambos grupos políticos de Salamanca.
