Los concejales del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio, han explicado en rueda de prensa la decisión que han tomado de expulsar del grupo municipal Vox a Ignacio Rivas y arrebatarle la portavocía.
Lo han hecho, como algo “necesario”, porque también han denunciado que tienen la certeza que existen pruebas de que se estaba haciendo un “uso indebido de fondos de asignación municipal para actuaciones expresamente prohibidas, como adquisición de bienes materiales o patrimoniales”.
No han querido detallar qué se ha adquirido concretamente, porque según el nuevo portavoz, Alejandro Pérez de la Sota, necesitaban esa portavocía para poder acceder a las cuentas del grupo municipal.
Sin embargo, se ha mostrado muy convencido de ese uso indebido, puesto que ha prometido dejar su acta de concejal si no logra demostrar estas acusaciones, una vez que pueda acceder a las cuentas.
No obstante, ambos concejales, a los que le ha unido una relación personal y laboral con Ignacio Rivas, han querido manifestar que no creen que el anterior portavoz “se haya beneficiado personalmente, hasta donde sabemos; puede haber sido el grupo municipal o el partido a nivel provincial”.
El nuevo portavoz del Grupo Municipal Vox, “porque así seguimos siendo hasta que alguien nos diga lo contrario”, ha asegurado que no está hablando de delito, pero si unas acciones “que van contra el reglamento interno y cuyas calificaciones haremos después”. Sin embargo, ha insistido en que tienen “indicios racionales de que eso ha ocurrido, pero nos falta el golpe final. No decimos que Ignacio se esté llevando el dinero para él, sino que ha consentido que eso pasara”.
Una situación que se ha cocido a fuego lento
La expulsión de Ignacio Rivas del Grupo Municipal Vox, así como la consiguiente de los asesores Alfonsa Sánchez Mulas y Juan Ramón Gallego, ha sido solo el detonante de una situación que se viene enquistando desde hace meses, tal y como han reconocido ambos concejales.
Lo han explicado Pérez de la Sota y Carpio en una extensa rueda de prensa que ha contado con la presencia de numerosos medios y donde han querido dar cada uno su versión y “trasladar la comprensión” por la “confusión” que puede haber de los votantes de Vox ante esta situación: “no es algo pretendido, todo lo contrario. Siempre hemos tratado de evitar toda esta situación; se lleva tratando de forma reservada desde hace tiempo, pero cuando hemos visto que era imposible una solución hemos decidido hacerlo público”.
Han asegurado que llevan más de siete meses pidiendo una solución a la dirección nacional de Vox, pero no han recibido respuesta, salvo la última, donde les avisaron que hicieran lo que consideraran, “y eso hemos hecho”.
A partir de ese momento, el 28 de enero, diferentes cargos electos de Vox de la provincia decidieron unirse para intentar cambiar el partido en Salamanca. “Hablamos de que no estamos de acuerdo con la dirección provincial porque no va en la línea en la que nosotros nos presentamos como candidatos”.
“Cansados de escuchar lo de los intereses personales”
El nuevo portavoz del Grupo Vox ha querido responder a cada una de las críticas del comunicado de prensa emitido por el partido en la tarde de este lunes, donde se aseguraba que el movimiento de los dos concejales se debía a intereses personales, algo que ya usó Vox para criticar al procurador de Castilla y León, Javier Teira.
Ha sacado a relucir su carrera profesional, “más de 20 años como abogado", para defender que no tiene “ningún tipo de interés personal”, ni “hacerme un nombre” y ha exhibido fotografías con diferentes cargos de Vox, como con el fundador del partido, Alejo Vidal Cuadras, para responder a las críticas de su no afiliación al partido: “No he sido afiliado nunca, ellos lo sabían y era una de las condiciones -el no afiliarse- para formar parte de las listas de 2023”.
“¿Intereses políticos?”, se ha preguntado Pérez de la Sota, “si fuera así”, ha respondido, “estaría callado y no me enfrentaría al poder para ir subiendo puestos. A mí la política me está quitando vida y salud, pero lo empleo con gusto por el honor de representar a la ciudadanía”.
Sobre el “secuestro” han respondido que “los grupos municipales son autónomos” y que “nos debemos a los votantes. A mí no me ha puesto ningún cargo nacional ni provincial, mi sillón lo ocupo gracias a los salmantinos que confiaron en mí. Los partidos se creen los dueños de los votos”.
El caso de Sotoserrano, más combustible al fuego
Otro de los casos que llevaron a esa reunión del 28 de enero de cargos electos de Vox para ir contra la dirección nacional, fue la situación en el ayuntamiento de Sotoserrano.
El portavoz ha explicado que, en agosto, el alcalde de Sotoserrano “realiza una actuación contra el secretario y la administrativa por lo que hay una querella. Nuestros compañeros cuestionan el seguir apoyando al alcalde, pero desde la dirección provincial se les exige que sigan haciéndolo”.
Ante esa situación, Juan Ignacio Martín, “que ve que no puede responder a los votantes”, decide realizar una moción para poner fin “a una situación de vergüenza y ese es el detonante final”.
Tal y como ha reconocido Pérez de la Sota, “a partir de ahí, Madrid nos pide que mandemos escrito con firmas, nombres y apellidos y hechos concretos. Damos la cara y decimos las situaciones concretas que no se pueden seguir manteniendo”, sin embargo, vuelven a ser ignorados por la dirección nacional.
Discrepancias con Ignacio Rivas por tachar al Ayuntamiento de “terroristas culturales”
Además del uso indebido de los fondos, ambos concejales también han criticado la situación que ya estaban viviendo entre ellos en el grupo municipal de Vox: “hay una deriva personalista”.
Han hablado de temas en ruedas de prensa desconocidos por Pérez de la Sota y Carpio, o incluso de algunas de ellas de las que se enteraron por la prensa.
Un ejemplo de esas discrepancias tuvo que ver con una rueda de prensa “donde se llama al actual gobierno municipal ‘grupo terrorista cultural’. Esa declaración se hizo sin haber hablado con nosotros y es un insulto. Se pidió que rectificara y se negó.
En el caso concreto de María Carpio, ha denunciado que en el tiempo que lleva como concejala no ha recibido ninguna llamada desde la dirección provincial del partido. “Me di de baja como militante e hice un escrito exponiendo mis motivos, pero hubo un silencio que no es casualidad, sino falta de interés”.
Del mismo modo, ha criticado que la dirección provincial salga en defensa de Ignacio Rivas, “cuando no han querido saber lo que ha pasado y aun así lo han protegido unilateralmente sin importar lo que ha hecho”.
Ha continuado apuntando a Carlos Menéndez, presidente de Vox Salamanca, quien ha permitido “comentarios e insultos hacia mi persona” y que “su único interés personal es él”.
En ese sentido, también ha criticado que Menéndez ha intentado “manipular la realidad y enfrentar a compañeros. Ha difundido mentiras entre nosotros”
