El primer punto considera que el hecho de que la educación de 0 a 3 años dependa de la Consejería de Familia y no de la de Educación, perjudica las inscripciones en los centros públicos, “que no gozan de la capacidad de ofrecer la cobertura más temprana”. Además, piden que las autoridades educativas tengan iniciativa para ponerse al frente de la campaña de matriculación en los centros privados, no solo en los públicos.
En segundo lugar, consideran que el problema de la despoblación rural de Castilla y León se agrava debido a los recortes en educación de los últimos años. En tercero, piden que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido en el presente curso. Hablan de que la Dirección Provincial no computó, a efectos de cupos docentes, ni las horas correspondientes a los programas Releo de los centros de la provincia ni las horas debidas a la representación sindical.
El cuarto punto pide conocer los criterios por los que la distribución de alumnos con diversas necesidades se han agrupado en unos centros y no en otros. El quinto explica que desde la Consejería de Educación se ha programado para el curso 2018-19 el traslado de los estudios de Formación Profesional que se daban en la Fonda Veracruz, dependientes del IES Vaguada de la Palma, a las instalaciones de la Fundación Rodríguez Fabrés, en el CIFP del mismo nombre, para lo que está presupuestada una inversión de algo más de 1,1 millones de euros. Habría docentes cuyas plazas se verían afectadas, y además el proyecto podría terminar encareciéndose, por lo que “habría que considerar otras posibilidades, como usar terreno público para construir un edificio adecuado y de titularidad propia.”
Por último, piden a la Dirección Provincial que facilite un listado de plazas docentes desempeñadas en comisión de servicios en la provincia de Salamanca, con garantías en la protección de datos personales, pero con la transparencia suficiente para que los movimientos de plantilla no estén sujetos a suspicacias ni arbitrariedades.
