El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado ya de forma definitiva los dictámenes de las diferentes áreas en las que se dividió la denominada Comisión de Reconstrucción. Sin embargo, una ha sido muy polémica: El dictamen del área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción ha sido aprobado con 256 votos a favor, 88 en contra y tres abstenciones. En el punto 47.2, redactado por los grupos del Gobierno -PSOE y Podemos-, se plantea la prohibición de la financiación de la formación continuada a profesionales sanitarios y a asociaciones de pacientes por parte de la industria.
Es decir, el texto pone el foco en las controvertidas relaciones que imperan entre las empresas farmacéuticas y los médicos (y farmacéuticos), que si bien sufragan económica proyectos de investigación, también destinan ayudas para que los médicos acudan a congresos y convenciones.
De hecho, no son pocos los estudios que indican que las farmacéuticas invierten cada año miles de euros en los médicos porque saben que van a tener un retorno económico de múltiples maneras al influir sobre la actividad médica. Estos retornos van desde lo más evidentes, como son el aumento de la prescripción de fármacos concretos, hasta los más ocultos y complicados de demostrar como son el establecimiento de criterios más laxos para pautar tratamientos o "facilitar" el proceso de autorización de fármacos para que entren al mercado.
Esta semana, el Grupo Popular presentó una enmienda a este punto, que no ha sido aprobada en la Cámara Baja. Así pues, ya hay voces que critican duramente la decisión del Congreso de los Diputados.
Por ejemplo, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) había llamado la atención sobre estas intenciones ya que la inversión de la formación médica continuada que hace el Sistema Nacional de Salud “no cubre ni las mínimas necesidades formativas ni la de todos los profesionales, dado que algunos de ellos ejercen en el sector privado”. Y se temen que las previsibles dificultades presupuestarias próximas no cambien esta situación. También manifestaron su preocupación al ministerio distintas plataformas de pacientes, como el Foro Español de Pacientes y Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac).
FACME recuerda que en la actualidad gran parte de la financiación de esa formación ha sido posible gracias al apoyo de la industria farmacéutica y de la de tecnología sanitaria, por lo que de ponerse en marcha esa medida, "debe ser habiendo garantizado previamente la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación", ha informado en un comunicado.
Además, la aprobación, sin tener en cuenta estas opiniones, ha sido recibida con "estupefacción" e "incertidumbre" por los profesionales. Temen que si se prohíbe la financiación privada de la formación continua y de la investigación se produzca una situación complicada.
Según el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Álvaro Rodríguez Lescure, estarían encantados de que la Administración se ocupara de facilitar los medios para la formación continua y la investigación de los sanitarios, pero no ha sido ha así: "Celebramos esa intención, pero tenemos dudas". Y les llama la atención que se cierre el paso incluso a modelos mixtos. Defienden que si las farmaceúticas contribuyen, se haga exigiendoles "todas las garantías de transparencia absoluta y que sea independiente" el trabajo que financien.
En Twitter, el asunto está trayendo cola.
