El 8 de octubre de 2019 las Cortes de Castilla y León acordaron por unanimidad, a propuesta y por una iniciativa del Grupo Socialista, la siguiente resolución "Las Cortes de Castilla y León, a fin de dar estabilidad al funcionamiento del Centro de Investigación del Cáncer, instan a la Junta de Castilla y León a aprobar, en coordinación con los responsables del centro y antes de finalizar el año 2019, un plan de apoyo financiero al CIC que garantice a este centro de investigación una financiación autonómica para gastos generales. Este plan se iniciará en el año 2020 con una cantidad no inferior a 250.000 euros y se incrementará progresivamente en las anualidades siguientes hasta llegar al menos a 1.000.000 de euros en el año 2023. Esta subvención será compatible los con recursos económicos que obtengan el CIC en convocatorias competitivas. Para el desarrollo de este plan se desarrollará una gestión participativa entre la Junta de Castilla y León y la dirección del CIC que garantice la transparencia de los fondos públicos empleados”.
Este texto fue negociado por el procurador socialista Fernando Pablos con el entonces procurador de Ciudadanos David Castaño y, a pesar de que el PP no tuvo nada que ver en el acuerdo, sí que alardeó y presumió del mismo emitiendo una nota de prensa con el titular literal de: “El Grupo Popular ha alcanzado un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que garantizará la investigación oncológica en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.”
Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha incumplido todos los años el compromiso de financiación establecido en el acuerdo unánime de las Cortes, puesto que en 2020 no aportó ni un céntimo para este fin, en 2021 fueron 70.000 euros, para 2022 se han presupuestado 100.000 euros y la misma cantidad se han incluido en los presupuestos autonómicos para 2023.
En este contexto el Grupo Socialista incluyó en su moción de Universidades debatida en el día de ayer la siguiente propuesta: “cumplir íntegramente el acuerdo plenario de 8 de octubre de 2019 sobre financiación de los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer destinando para este fin al menos un millón de euros en 2023.”
Este punto se votó por separado y tuvo el apoyo del conjunto de los partidos políticos de la oposición parlamentaria y el rechazo del PP y Vox, que impidieron su aprobación. Este cambio de voto de los partidos que apoyan al gobierno de la Junta de Castilla y León perjudica seriamente al centro de investigación salmantino, ya que tiene que seguir destinando a pagar gastos corrientes parte de los recursos que obtienen para investigar.
A juicio del procurador socialista Fernando Pablos la actitud de PP y Vox es incomprensible y compromete que los socialistas seguirán trabajando para que se cumpla este acuerdo. Para este fin se ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2023 que será votada en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el próximo 12 de diciembre.
