El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha iniciado una actuación de oficio para conocer la situación real sobre la regulación municipal sobre la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos).
Según comentan, su velocidad y el hecho de que compartan espacio con peatones y vehículos para circular genera "un evidente riesgo para la seguridad vial de usuarios de los mismos y para las demás personas comparten el mismo espacio para moverse", por lo que ha decidido iniciar esta actuación para comprobar qué medidas se están tomando y buscar sugerencias que permitan la mejor convivencia de todos.
Como recuerdan, ya en el año 2016, la Dirección General de Tráfico emitió una instrucción no vinculante con una serie de criterios y recomendaciones básicas "e insuficientes" a los ayuntamientos, que cuentan con la competencia sobre este hecho, afirma el Procurador del Común.
Por estas razones, el Procurador del Común ha entendido que los ayuntamientos de Castilla y León, en general, y los que cuentan con una población superior a los 5.000 habitantes, en particular, por contar con núcleos urbanos más consolidados, no son ajenos a esta problemática, debiendo actuar, desde el punto de vista normativo, sin necesidad de esperar a la regulación general prevista.
Ahora bien, el Procurador del Común reconoce que la experiencia de los últimos meses de los ayuntamientos que han procedido a regularlo, lo han hecho de manera muy diferente e, incluso, "de forma jurídicamente controvertida", recordando las ordenanzas y reglamentos que permiten circular a estos vehículos por las aceras.
Así, con el objeto de conocer la regulación que han hecho los ayuntamientos de Castilla y León de más de 5.000 habitantes (40 municipios) y, en el caso de aquellos que no lo han regulado, la disposición y previsiones para hacerlo en el futuro, el Procurador del Común ha acordado iniciar la actuación de oficio para que, a la vista de la información que éstos remitan, valorar la posibilidad de formularles sugerencias o recomendaciones que puedan homogenizar, con respeto al principio de autonomía municipal, a la potestad discrecional de los municipios en la materia y a las peculiaridades de cada localidad, dicha regulación, y todo ello con el fin último y principal de garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por la vías públicas.
