El Procurador del Común ha tramitado de oficio un expediente centrado en la atención de las necesidades educativas que presentan las mujeres que se enfrentan a la maternidad a la vez que cursan estudios obligatorios o postobligatorios en la Comunidad de Castilla y León.
En concreto, se pretendía conocer las estadísticas de jóvenes embarazadas cursando dicho tipo de estudios; cómo se estaban aplicando las medidas previstas, si el embarazo daba lugar al absentismo escolar, o, incluso, al abandono de estudios, todo ello con el fin de evaluar si estaba siendo eficaz la aplicación de la normativa existente.
No obstante, ante el planteamiento de dichas cuestiones, la Consejería de Educación comunicó que no se disponía de datos estadísticos al respecto, que no se conocía el número de solicitudes de anulación de matrícula que se habían tramitado por razón de embarazo y maternidad, ni las flexibilizaciones de horarios que habían sido autorizados por el mismo motivo, etcétera.
Hay que tener en cuenta que la Ley 14/2008, de 18 de diciembre, crea y regula una red de apoyo a la mujer embarazada bajo el supuesto que, en ocasiones, la mujer se enfrenta a embarazos en circunstancias adversas, entre ellas, la de ser menor de edad o estar en el periodo de adolescencia, periodo propio al de estar cursando enseñanzas obligatorias o post obligatorias. Por ello, las Administraciones están llamadas a poner a disposición de las mujeres embarazadas, y en particular de las adolescentes, una serie de recursos de distinta naturaleza, entre ellos los de tipo educativo.
Además, cabe recordar en el año 2013, se firmó un Protocolo de actuaciones entre las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación para la atención y apoyo a la mujer embarazada, para definir y coordinar las actuaciones a realizar por las tres Consejerías firmantes, dirigidas a la atención y apoyo a la mujer gestante que tenga dificultades en su embarazo por razón de edad, situación económica, social, familiar, laboral o por cualquier otro motivo.
Dentro de las actuaciones se recogía la necesidad de proporcionar asistencia personalizada por parte del Equipo de Orientación Educativa o departamento de orientación del centro educativo a la alumna embarazada que curse estudios en cualquiera de los niveles del sistema educativo; establecer un sistema de tutorías individualizado que facilite el seguimiento y apoyo de la joven en las diferentes materias de la etapa o nivel educativo que cursa; flexibilizar la obligatoriedad de asistir a clase de acuerdo con las dificultades que pueda presentar el embarazo de la mujer, así como del calendario de evaluaciones y exámenes o flexibilizar el horario de presencia en el centro durante los meses de lactancia, entre otras.
Con ello, la actuación de la Procuraduría finalizó con una Resolución dirigida a la Consejería de Educación, para que recabara los datos precisos que permitieran evaluar la efectividad de la normativa de apoyo a la mujer embarazada que cursa estudios en cualquiera de los niveles no universitarios; y, más concretamente, si fuera necesario, para que se convocara la Comisión de Seguimiento del Protocolo suscrito por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación en el año 2013, para la atención y apoyo a la mujer embarazada, una de cuyas funciones es, precisamente, evaluar los procesos de actuación.
