El procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró este martes, 11 de mayo, que al inicio de la pandemia del COVID-19 se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales de mayores a los hospitales debido al "colapso" del sistema, lo que provocó que asumieran “unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección”.
Quintana, que presentó ante el pleno de las Cortes el informe del año 2020, expuso que esta situación explica, junto con otras causas, evidentemente, la morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como también la “acusada” prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores.
“Como sociedad, tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo a que no se repitan los episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino a mejorar las condiciones de vida de los más mayores en condiciones de normalidad, es decir, una vez superada la crisis sanitaria”, afirmó el procurador del Común.
Por ello, Quintana recordó que fueron varias las resoluciones enviadas a la Consejería de Sanidad y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades fruto de las quejas que recibieron y de las actuaciones de oficio emprendidas, en las que señaló proponían diferentes actuaciones y estrategias sociales y sanitarias con el objetivo de “minimizar” el impacto y de intentar mejorar la gestión de la crisis en los centros residenciales.
Además, el procurador del Común apuntó que en noviembre de 2020 se manifestó en otra resolución a favor de un cambio del modelo residencial, “centrado en las personas” y propuso una batería de medidas para mejorar la asistencia social y sanitaria de los residentes, su calidad de vida y garantizar la protección de sus derechos en un ambiente respetuoso con los principios éticos fundamentales.
