La jubilación de los policías nacionales y guardias civiles volverá a estar sobre la mesa el próximo 27 de octubre, en una reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se abordará la necesidad de garantizar unas condiciones de retiro dignas y acordes con las particularidades de una profesión de riesgo.
El encuentro supone una oportunidad para reclamar medidas efectivas que reconozcan los peligros asumidos durante la trayectoria profesional, el desgaste físico y psicológico acumulado y la responsabilidad que implica velar por la seguridad de los ciudadanos.
Entre las principales propuestas que se pondrán sobre la mesa figura el establecimiento de una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1, junto con el reconocimiento, a efectos de jubilación, de los años cotizados en el grupo C2 como si hubieran sido cotizados en el grupo C1.
También se solicitará que las mejoras tengan efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, incluyendo a quienes se hayan jubilado durante este año, y que las pensiones cuenten con un mecanismo de actualización automática conforme al IPC y a los incrementos salariales.
Otra de las medidas planteadas es establecer una cláusula de salvaguarda del poder adquisitivo. Si la revalorización general de las pensiones de Clases Pasivas quedara limitada al 2 % y el IPC superase ese porcentaje, se propone un complemento específico que cubra la diferencia de forma automática, vitalicia y consolidable.
Una reunión para convertir el reconocimiento del riesgo en medidas reales
El encuentro del 27 de octubre pretende avanzar hacia compromisos concretos que permitan traducir el reconocimiento de la profesión de riesgo en una mejora efectiva de las condiciones de jubilación. La peligrosidad de las intervenciones, la exposición a situaciones de violencia y la exigencia permanente del servicio son circunstancias que deben tenerse en cuenta al determinar la protección económica tras finalizar la vida laboral.
Además, se reclama que cualquier acuerdo cuente con suficiente respaldo jurídico para garantizar su aplicación y evitar que quede supeditado a futuras decisiones políticas. Entre las vías propuestas figura la aprobación de un real decreto-ley, cuya viabilidad deberá ajustarse a los requisitos constitucionales y legales correspondientes.
