El sistema de carreteras en España está próximo a sufrir uno de los cambios más significativos de su historia. Las autopistas y autovías del país actualmente son de libre circulación para los usuarios, a excepción de un porcentaje cuyo tránsito sí se encuentra tarifado. Sin embargo, esto va a dejar de ser así, ya que parece que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez lleva tiempo trabajando en un proyecto que promueva que todas o la gran mayoría de las vías rápidas pasen a ser de pago. Una medida que se aproxima al modelo que impera en el resto de Europa y que generará que aumente el volumen de tráfico en carreteras nacionales y secundarias, que en muchos puntos de España cuentan con tramos peligrosos.
El Gobierno español se ha comprometido con Bruselas en la búsqueda de un modelo de financiación sostenible para su red de autopistas y autovías. Se trata de una infraestructura que, cada año, consume millones de euros y cuya sostenibilidad está en riesgo. Y es que, al cierre de 2019, el déficit en esta partida ascendía a 7.500 millones de euros.
Pese a que todavía no hay una propuesta firme concreta, la referencia sobre el precio que costaría usar las autovías puede encontrarse en Seopan, que es la patronal de las empresas de construcción y mantenimiento de autopistas y autovías. La patronal viene proponiendo desde hace algún tiempo que se pague un importe de 0,09 euros el kilómetro para los turismos y hasta 0,19 euros para los camiones.
La provincia de Salamanca cuenta con cerca de 280 kilómetros de autovías: La A-66 recorre la Ruta de la Plata, enlazando desde la provincia de Zamora hasta el límite con Cáceres. La A-62, autovía de Castilla, discurre desde Fuentes de Oñoro, fronteriza con Portugal, hasta Cañizal; y la A-50 enlaza Salamanca con Ávila en dirección hacia la capital de España.
Así pues y teniendo en cuenta la propuesta de Seopan, a un salmantino le costaría 7,29 euros recorrer los más de 80 kilómetros que separan la capital salmantina del límite con Cáceres; llegando a ascender a 15,39 euros la tarifa para los camiones.
El trayecto a Fuentes de Oñoro por la A-62 serían 9,18 euros para los turismos y 19,38 euros para los camiones. Por su parte, el viaje hacia Valladolid por la Autovía de Castilla desde Salamanca tendría un coste de 2,52 euros en el recorrido que involucra a la provincia de Salamanca, es decir, hasta Cañizal. Para camiones, en este caso, serían 5,32 euros.
En cuanto al recorrido hacia Zamora, el viaje tendría un coste de 2,16 euros hasta pasado el Centro Penitenciario de Topas. Completar el viaje hasta la vecina capital zamorana serían 5,94 euros para los coches. Por último, la ruta hacia Madrid por la A-50, hasta el límite con la provincia de Ávila, serían 3,87 euros para turismos y 8,17 euros para camiones.
Problemas para la seguridad vial
La propuesta del Gobierno de poner en marcha un sistema de pago en las autopistas y autovías de España para garantizar su conservación podría tener efectos peligrosos para la seguridad vial. Así lo ha alertado el Real Automóvil Club de España (RACE), que considera que existe una gran probabilidad de que esta medida provoque una derivación del tráfico rodado a vías secundarias, las cuáles tienen un mayor índice de peligrosidad, según el programa europeo de evaluación del riesgo en carretera EuroRAP.
El RACE expone que esta medida lo que hará es volver “a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores" y, sobre todo, los pondrá en riesgo "al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y más peligrosas” como son las carreteras secundarias, donde se multiplica la probabilidad de sufrir un accidente. Estas afirmaciones responden a las conclusiones de una encuesta realizó el pasado mes de diciembre cuando se empezó a oír hablar del proyecto. Los datos fueron contundentes: tres de cada cuatro conductores se opondrían a pagar bajo ningún concepto, y ocho de cada diez afirman que buscarían otras vías alternativas para evitarlo.
Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) también son “absolutamente contrarios al cobro de los peajes en autovías”. La asociación afirma con rotundidad que “los automovilistas españoles con sus impuestos ya pagan con creces el mantenimiento de estas infraestructuras”, de hecho, detalla que los ciudadanos “aportamos cada año al erario publico más de 25 mil millones de euros en impuestos, y la estimación que se necesita para el mantenimiento de las infraestructuras es de 1.800 millones. Ya generamos suficientes recursos para que el mantenimiento se haga con cargo a los Presupuestos Generales”.
