El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca denuncia y recuerda al equipo de Gobierno del PP y de Ciudadanos que ya han pasado más de dos años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el contrato de adjudicación del servicio público de transporte urbano de viajeros y, sin embargo, "sigue sin acatar el mandato judicial y sin respetar el interés general de la ciudadanía salmantina".
En marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL dio la razón al PSOE al anular el procedimiento de licitación y los pliegos de condiciones del contrato del servicio de autobús urbano, ya que establecía una cláusula que exigía disponer de un determinado número de autobuses propulsados a gas, “innecesaria e injustificada para poder participar en la convocatoria”.
En la práctica, tal y como afirmó la Justicia, suponía una clara posición de ventaja para la concesionaria que ya gestionaba el servicio desde hacía décadas, Salamanca de Transportes, a la que se ajustaban todos los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica, “especialmente en un momento en que todavía no se había extendido la prestación del servicio con este tipo de autobuses, vulnerando los principios de libre competencia e igualdad de trato”, cuestión que ya apuntaron previamente los concejales socialistas al oponerse al pliego de condiciones presentado por García Carbayo, actual alcalde de Salamanca y concejal de Contratación en aquel momento.
En febrero de 2019, el Tribunal rechazó el recurso presentado por la empresa concesionaria y se confirmó la anulación definitiva del contrato adjudicado en 2014, que ascendía a 144 millones de euros, obligando al Ayuntamiento de Salamanca a volver a licitarlo y a cumplir la legalidad. "Este revés judicial a uno de los mayores contratos municipales del tándem Carbayo-Mañueco, además de deslegitimar la gestión del equipo de Gobierno del PP, definió a la perfección su negligente forma de actuar al frente del Consistorio salmantino, al utilizar la contratación pública para defender el amiguismo frente al interés general y realizar contratos millonarios ad eternum y a medida de intereses particulares", han declarado desde el PSOE.
Desde entonces, el Ayuntamiento de Salamanca sigue sin ejecutar la sentencia firme emitida por el TSJCyL, amparando una situación "absolutamente irregular". Como indica el Grupo Municipal Socialista, "la empresa que se benefició de la redacción fraudulenta y a la carta de los pliegos del contrato, que lo explota de manera ininterrumpida desde 2014, además, ahora se sigue beneficiando de que el PP, con la complicidad de Ciudadanos, se mueva cómodamente en el incumplimiento constante de las normas y retrase de manera intencionada el cumplimiento del mandato judicial, olvidando que los servicios públicos no pueden explotarse al margen de la legalidad".
Para el PSOE, "el retraso de más de dos años en el cumplimiento de una sentencia no tiene justificación alguna. Aunque el equipo de Gobierno municipal asegure que la redacción del nuevo contrato del servicio de autobús urbano está condicionada a la reorganización de las rutas en un grupo de trabajo, lo cierto es que la última convocatoria tuvo lugar en junio de 2020, lo que demuestra una nula preocupación por mejorar el servicio, sumado a que en este grupo está presente la empresa concesionaria y el Ayuntamiento le está reconociendo un lugar que no le corresponde, ya que su contrato está anulado desde hace dos años".
"Es, por tanto, evidente, que el PP ni respeta el interés general ni defiende al tejido empresarial, sino que utiliza su presencia en las instituciones para gobernar en detrimento de la mayoría, modus operandi que el exalcalde de Salamanca Fernández Mañueco ha extrapolado a la Junta de Castilla y León y misma línea que mantiene el equipo de Gobierno encabezado por García Carbayo, sustentados ambos por quienes prometían regeneración", han comentado los socialistas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno municipal del PP y de Ciudadanos que cumpla la legalidad y "deje de permitir deliberadamente una situación declarada como antijurídica que está generando durante este tiempo de gracia unos ingresos millonarios a una empresa a la que legítimamente no le corresponden, pues está explotando un servicio público con un contrato administrativo anulado judicialmente, e insiste en su propuesta de valorar técnicamente una posible remunicipalización del servicio, garantizando en todo caso la calidad de la prestación, el impacto positivo para trabajadores y usuarios y los costes que la gestión tiene para las arcas municipales".
