Los parlamentarios nacionales del PSOE de Salamanca, David Serrada y Elena Diego, han trasladado "el apoyo del Gobierno de España y el apoyo de los socialistas al conjunto de la sociedad salmantina", según han manifestado, y a los trabajadores, pequeños y medianos empresarios, y autónomos de la provincia "en estos tiempos tan complicados en los que hay que estar a la altura", han dicho, y “el Gobierno de Pedro Sánchez lo está”, para desear y pedir después al resto de instituciones, en referencia a la Junta y a la Diputación, “que también lo estuvieran en vez de permanecer en la confrontación y el interés político partidista de manera constante”
A lo largo del mes de febrero, últimos datos conocidos, ha informado el diputado del PSOE por Salamanca David Serrada, el Gobierno ha destinado más de once millones de euros al pago de prestaciones en la provincia. En la actualidad, más de 80.000 salmantinos reciben una prestación del gobierno y, la pensión media en Salamanca, ha subido en este mes con respecto al mes anterior. El Ingreso Mínimo Vital, una de las medias fundamentales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez beneficia en estos momentos a 1.791 ciudadanos de la provincia. Los avales ICO, ha añadido, “para garantizar la viabilidad de muchas empresas”, alcanza a 4.392 empresas en la provincia con una cuantía de más de 700 millones de euros.
Para terminar este resumen de incentivos del Gobierno, Serrada se ha referido a los más de 6.000 trabajadores salmantinos acogidos a la protección de los ERTEs, y a las casi 500 personas más que hay, en la provincia, afiliadas a las seguridad social con respecto al mes anterior, “lo que indica que la economía de Salamanca está empezando a crecer”.
El pasado 11 de marzo, ha recordado el diputado socialista salmantino, el Gobierno aprobó 11.000 millones de euros en ayudas para sectores esenciales económicos, de ellos, 7.000 millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos, “ayudas directas para garantizar el pago de sus gastos fijos y de los que se van a beneficiar miles de trabajadores, empresarios y autónomos de Salamanca”, la pregunta que hay que hacerse es, se ha interpelado Serrada, ¿qué ha hecho la Junta, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de la capital para ayudar a hosteleros, autónomos, trabajadores y pequeños y medianos empresarios?, la respuesta es, “nada”.
En este sentido, Serrada, ha apuntado que entre 2020, y lo que va de este año, “el Gobierno de España ha puesto la mayor inversión en ayudas públicas de la historia de España”, y además, ha derivado la gestión de estas ayudas a las Comunidades Autónomas, “cada una de ellas, ha tenido que ser responsable del destino de ellas. Este es un debate importante, ha añadido Serrada, porque Castilla y León “tiene que aclarar y explicar a qué ha dedicado y donde ha destinado ese dinero que ha recibido del Gobierno para incentivar y proteger los servicios públicos”
"Visto lo visto, lo que parece claro”, ha recriminado el diputado socialista, es que la Junta de Castilla y León no ha derivado el dinero del Gobierno y de la inversión del Estado a proteger los servicios públicos, para proteger la sanidad en estos momentos tan complicados porque, “los profesionales sanitarios están en pie de guerra con el gobierno regional y el personal docente también y al igual que el resto de trabajadores públicos” ha concluido.
Siguiendo en esta misma línea, la senadora por Salamanca, Elena Diego, ha incidido más en concreto en la ayudas del Estado y del Gobierno de España a las entidades y gobiernos locales, haciendo hincapié, en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. También Diego se ha referido a los más de 700 millones de euros presupuestados por el ejecutivo nacional destinados a gobiernos regionales y locales para proyectos vinculados a las políticas sociales como “la dependencia, los cuidados a mayores y población vulnerable, mejora de los servicios sociales entres otras muchas cuestiones”, de los que cerca de 42 millones de euros serán otorgados a Castilla y León y el quince por ciento de ellos derivarlos a los ayuntamientos y las diputaciones.
