A raíz del séptimo informe ‘El Estado de la pobreza y exclusión social’ emitido recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social cifraba en cerca al 31% (concretamente, el 30,8%) el porcentaje de población en edad laboral que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en España, han vuelto a reclamarse unos mejores contratos laborales que permitan evitar esta situación.
Y es que varias han sido las asociaciones y sindicatos los que vienen asegurando que, a raíz de la crisis, los empleos que no se destruyeron sufren una gran precariedad. Y no sólo en el ámbito privado, sino también en el público, donde CSIF afirmó hace menos de dos semanas, cuando valoró los últimos datos del paro, que “la precariedad en el empleo de nuestras administraciones públicas no es razonable en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y protección social”.
Es por ello que, cada vez con más insistencia, se reclaman empleos que puedan escapar de estas situaciones de precariedad para poder evitar esas situaciones de riesgo de pobreza y exclusión a la que cada vez más personas se ven abocadas.
Los sindicatos recuerdan que las contrataciones temporales dan lugar a la precariedad
Otro de los factores que provocan la precariedad laboral es el gran número de contrataciones temporales existentes. Los sindicatos vienen advirtiendo de esto no sólo los últimos años, sino con especial incidencia en los últimos meses, cuando han asegurado que muchas de los empleos existentes sufren de desigualdad social, la temporalidad laboral, la pérdida de derechos o la bajada de salarios.
Todo esto hace que los empleos que se dan como consecuencia de la recuperación de la crisis sean precarios, siendo así uno de los desencadenantes de caer en riesgo de pobreza y exclusión social, ya que normalmente estos conllevan el cumplir con uno de los indicadores esgrimidos por la tasa Arope.
Estos son el vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza o con una intensidad de trabajo (meses trabajados por toda la unidad familiar entre número de meses que podrían trabajar como máximo) menor al 0,2 o el no poder afrontar cuatro gastos básicos (como pueden ser el pago de calefacción, alimentación, teléfono o una lavadora).
