FACUA Castilla y León ha reclamado a Correos que recupere la apertura de sus oficinas los sábados en todas las provincias de la Comunidad, incluidas las situadas en Salamanca, atendiendo, así, a los horarios previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. La asociación atiende a las quejas planteadas por los usuarios que han visto cómo el acceso al servicio postal continúa restringido más de tres años después del inicio de la pandemia.
Tal y como expone FACUA, la situación descrita anteriormente lleva así desde marzo de 2020 y no se ha restablecido el horario anterior, lo cuál consideran que es "inadmisible". Igualmente, la asociación de defensa de los consumidores rechaza "cualquier acción tendente a desprestigiar o desmantelar los sistemas públicos con abandono tácito del servicio, carencia de servicios o falta de medios personales y materiales".
FACUA Castilla y León denuncia que Correos, que debe garantizar el servicio postal universal, "aprovecha lo que en su día fue una situación de estado de alarma provocada por un problema sanitario para, en esa coyuntura, reducir y suprimir uno de los días de servicio". Asimismo, indica que "las restricciones que siguen vigente en las oficinas de Correos suponen un grave perjuicio a los usuarios y afectan a los derechos básicos de toda la población, que se ve privada de una adecuada atención".
La asociación insta a Correos a que mejore su calidad del servicio solventando las cuestiones que impiden la reapertura de oficinas los sábados, si es preciso incrementando el personal o reajustando organizativamente la gestión del servicio.
Para FACUA Castilla y León el cierre de Correos los sábados supone un perjuicio para la clase trabajadora, que se ven privados de personarse en dichas oficinas para realizar sus envíos o para la retirada de notificaciones o paquetes recibidos.
Qué dice la ley
Finalmente, la asociación explica que la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, establece el derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad, de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles. "Debe adecuarse además a las necesidades de los usuarios, en particular a la densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad", apunta.
