El Registro Civil de Salamanca se encuentra en riesgo de "colapso definitivo" a partir del mes de enero, según advierte CCOO. Las causas serían la entrada en vigor de nuevas reformas normativas "que no han ido acompañadas de los refuerzos necesarios de personal" y "las decisiones organizativas del Ministerio de Justicia.
Los ciudadanos se enfrentan a retrasos aún mayores en el acceso a la justicia, a "dificultades graves" para la expedición de certificaciones, inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción; y al deterioro progresivo de un servicio esencial. Los trabajadores, por su parte, afrontan una "sobrecarga extrema" que tiene un impacto directo en su salud y derechos laborales.
La situación ya ha sido denunciada por el Letrado de la Administración de Justicia y agravada por la retirada de un puesto de gestor procesal de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Registro Civil de Salamanca, que soporta "una carga de trabajo muy superior a la que correspondería a su dotación de personal", lo que imposibilita mantener el servicio en "condiciones adecuadas".
A la sobrecarga de trabajo se le suma "una gestión tecnológica absolutamente impropia", ya que los ordenadores destinados a funciones de Registro Civil, según indicaciones del Ministerio de Justicia, han de encenderse al menos una vez al mes para evitar la pérdida de actualizaciones del sistema. En muchos municipios no se utiliza de forma continuada nu con normalidad, "evidenciando una implantación fallida".
En muchos de esos municipios, además, los Secretarios de Ayuntamiento han renunciado a funciones registrales al considerarlas "inasumibles" ante la falta de personal y de menos. "Cabe aclarar que, con la nueva normativa, los jueces de paz dejan de ser encargados del Registro Civil y dichas funciones deberían ser asumidas por las denominadas 'personas idóneas', figura que en la práctica no está siendo efectiva", señalan desde CCOO.
El sindicato exige la reposición inmediata del puesto de gestor eliminado en la RPT del Registro Civil de Salamanca; la adjudicación urgente de los refuerzos de gestor y tramitador solicitados y avalados por los órganos competentes; una revisión realista de las cargas de trabajo; y medidas reales, dotación de medios y formación adecuada para garantizar el funcionamiento del organismo a nivel munipal.
