La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de la decisión de autorizar ya ingresos en centros residenciales de Castilla y León de todos los usuarios que precisen cualquier tipo de atención.
Para las residencias de mayores, se levanta la restricción de acceso a personas no dependientes, mientras que en los centros de día para personas con discapacidad y con unidad de estancias diurnas para mayores se elimina la obligatoriedad de realizar actividades en ‘grupos burbuja’ de hasta cinco participantes.
Las nuevas normas se han incorporado este jueves a la ‘Guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad’ durante la alerta sanitaria, disponible en el portal web de Servicios Sociales.
Esta resolución obedece a la máxima de garantizar la mayor protección de las personas vulnerables, tratando de dar respuesta a todo tipo de necesidades sociales, como las derivadas de problemas de salud, fragilidad o soledad no deseada, entre otras. Y se adopta una vez constatado que se dan todas las condiciones de seguridad tanto para los residentes, como para los profesionales que prestan los servicios en estas instalaciones.
Por un lado, se ha completado la vacunación en todos los centros residenciales de la Comunidad, lo que implica que se encuentran inmunizados prácticamente la totalidad de los residentes y de los trabajadores. Por otro, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha podido verificar la alta efectividad de las dosis inoculadas a través de estudios propios.
Balance del proceso de vacunación en residencias de mayores
El balance definitivo sobre el proceso de vacunación frente a la COVID-19 en las residencias de mayores indica que el 97,43 % de los residentes (34.835 de un total de 35.754) han recibido las dos dosis. El restante 2,57 % se corresponde con los casos de personas que no pudieron ser vacunados por estar enfermas, por criterios médicos, por no encontrarse en el centro en el momento de la inoculación o porque han ingresado recientemente. Es previsible, por lo tanto, que la mayoría de estas personas se incorporen próximamente a la lista de vacunados, a medida que sus circunstancias lo permitan.
En lo que respecta a los 24.655 trabajadores de los centros, la ratio de vacunados se eleva al 89,5 % (22.065). Existe un porcentaje del 6,3 % que han rechazado la administración de las dosis, mientras que el restante 4,2 % no han podido recibirlas por criterios clínicos, por encontrarse de baja laboral o porque acababan de incorporarse a su puesto de trabajo. Como ocurre con los residentes, la mayoría de estos casos se sumarán pronto a la lista de vacunados.
Un estudio propio para medir la efectividad de las vacunas
Junto a los avances en el proceso de vacunación, en la decisión de la Consejería de Familia e Igualdad de flexibilizar el régimen de ingresos en las residencias han pesado las conclusiones de un estudio elaborado por su propio personal, que pone de manifiesto el alto grado de inmunización frente al virus existente entre los trabajadores de los centros, quienes por su movilidad constituyen el principal vector de contagio.
El pasado mes de diciembre, la Gerencia de Servicios Sociales comenzó un cribado con test serológicos a los más de 3.500 trabajadores de centros de su titularidad como medida preventiva ante el inicio de la Navidad. De toda la plantilla, 1.085 profesionales de siete centros participaron en las pruebas en los meses de febrero y marzo, cuando la campaña de vacunación ya estaba en marcha, lo que permitió medir su inmunidad una vez habían recibido una o las dos dosis.
Así, los resultados del estudio concluyen que la vacuna es altamente efectiva. Indican que el 94 % de los trabajadores a los que se les administró la primera dosis presentan inmunidad humoral con elevados títulos de anticuerpos IgG+. El porcentaje se dispara hasta el 99,8 % en el caso del personal sociosanitario vacunado con las dos dosis.
Estas conclusiones se consideran extrapolables al resto de centros, puesto que las características de los mismos (en lo relativo al porcentaje de vacunados) y de sus plantillas (por perfil y edad media) son similares. El estudio ha sido remitido para su divulgación en publicaciones científicas.
Flexibilización progresiva de medidas e incremento en el ritmo de ingresos
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido una política responsable y prudente en la flexibilización progresiva de medidas relativas al funcionamiento de las residencias y los centros de día públicos y privados de personas mayores y con discapacidad, conjugando siempre la protección y atención a los más vulnerables con su seguridad y la de los profesionales volcados en la prestación de los servicios.
Así, durante toda la pandemia estos recursos han prestado cobertura a personas en situación de prioridad o desamparo social. En febrero, una vez completado el proceso de vacunación, se autorizaron ingresos de grandes dependientes (con grados II y III). Y, desde marzo, se permite el acceso de residentes con cualquier grado de dependencia y el retorno a los centros de quienes durante la emergencia sanitaria habían permanecido en sus domicilios.
El elevado volumen de personas vacunadas, la eficacia del proceso de inmunización y la reducción casi total de contagios están permitiendo el retorno progresivo a la normalidad en las residencias. Prueba de ello es la tendencia alcista en el número de ingresos, que comenzó a evidenciarse en febrero –con 171 residentes más– y se intensificó en marzo –con 306 nuevos ingresos–.
Otras medidas de apoyo a los centros y a las personas vulnerables
La consejera Isabel Blanco ha recordado otras medidas puestas en marcha por su departamento para apoyar a la red de centros públicos y privados durante la emergencia sanitaria y, sobre todo, para preservar la seguridad, la salud y la vida de personas mayores, con discapacidad o con dependencia y de los profesionales sociosanitarios.
Ha citado los 12,2 millones de euros destinados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la primera ola a la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) para las residencias, cuantía a la que se sumó una partida posterior de 6,3 millones para la provisión de material en centros propios y otra en agosto de dos millones de euros en forma de convocatoria de ayudas para la adquisición de EPIs, con la que se han atenido todas las solicitudes presentadas.
También se ha referido a los casi ocho millones invertidos en la adquisición de 70.141 test serológicos y otros 299.737 test de antígenos para la realización cribados periódicos a trabajadores y residentes; los nueve millones de euros dirigidos a las corporaciones locales para financiar los gastos extraordinarios en dependencias de su titularidad, y las 7.473 muestras de aguas residuales analizadas para la detección precoz del virus.
Isabel Blanco ha subrayado, además, que durante toda la pandemia la Junta ha abonado íntegramente los recursos concertados –con independencia de que el servicio estuviera en suspenso o cerrado por la autoridad competente, y de que la persona en alta no ocupara la plaza– y ha precisado que en los meses de agosto y septiembre se reforzaron con 1,7 millones de euros los precios por plaza y día en todas las concertadas de atención residencial, al tiempo que se incrementó el abono a los conciertos en 15 millones de euros.
Por último, se ha referido al incremento este año en 15 millones adicionales de las prestaciones económicas (vinculada al servicio, para asistente personal y para cuidados en el entorno familiar) para la atención a la dependencia.
