“Todo lo que sea incrementar es bueno, pero en el caso de los servicios y ayudas sociales, está siendo muy negativo”. Así ha comenzado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en Salamanca, Ana Suárez, el balance sobre la situación en esta área que se está dando en la ciudad.
El Ayuntamiento ha llevado a cabo varias iniciativas desde marzo para ayudar a las familias que, debido a la crisis producida por el coronavirus, pasan por momentos complicados.
A través de la creación de una línea de ayudas especiales para las familias afectadas directamente por el Covid-19 por haber perdido sus trabajos o ver reducidos sus ingresos, el Ayuntamiento ha resuelto 346 solicitudes de las 636 presentadas. Para esa línea de ayudas especiales, se han repartido más de 620.000 euros.
A pesar de haber dado solución a todas esas familias con las ayudas iniciadas especialmente por esta situación, las ayudas ordinarias que ofrece el Ayuntamiento de forma habitual, también han visto incrementadas drásticamente las solicitudes. En concreto, las ayudas ordinarias se han incrementado en un 90% respecto al mismo periodo del año pasado, por lo que desde el Ayuntamiento ha ampliado un 115% para pagar estas ayudas.
De esta manera, las ayudas tramitadas por los servicios municipales de emergencia social han experimentado un incremento respecto al año pasado del 65% en el número de demandantes y del 70% en su presupuesto.
Por otra parte, los convenios de colaboración con entidades del tercer sector para cubrir necesidades básicas y de alojamiento, fundamentalmente Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos, han arrojado un aumento del 65% de las necesidades presupuestarias.
La nueva iniciativa del Ayuntamiento flexibiliza los requisitos para acceder a las ayudas ordinarias
Ana Suárez, conociendo de primera mano la situación que viven las familias salmantinas, ha explicado que el cambio en los demandantes de las ayudas ordinarias obliga a flexibilizar los requisitos para acceder a ellas. De este modo, modificando estos criterios es posible adaptar las ayudas a ese perfil de nuevas familias que necesitan esas ayudas porque se han encontrado que han acabado con sus ahorros, han vendido todo lo que podían vender y no pueden afrontar los gastos básicos.
En años anteriores, el perfil de familia o demandante de estas ayudas pertenecía a un colectivo en situación de vulnerabilidad económica y social, si bien este 2020 se trata de perfiles en situación de vulnerabilidad económica coyuntural.
“Las restricciones o prórrogas deben ir acompañadas de apoyo a las familias afectadas por ellas y, si no se puede garantizar ese apoyo, habrá que tomar otras medidas”
“Al no poder contar con el Gobierno de España, que está más preocupado en blanquear asesinos y apoyar a proetarras incluso a costa de humillar a un país”, afirma Ana Suárez, “tenemos que contar con la Junta de Castilla y León”.
“Si el Gobierno de Castilla y León decide cambiar el rumbo que está llevando hasta un precipicio, contará con nuestro apoyo, pero deben empezar por escuchar a todas las personas que se están viendo afectadas por la situación”. Con esto, Ana Suárez, recuerda que las restricciones llevadas a cabo por la Junta "deben tenerse en cuenta desde una situación sanitaria perio también económica. Si hay restricciones tiene que haber apoyo a las familias afectadas y si no se puede garantizar ese apoyo, habrá que tomar otras medidas". "Lo que no se puede hacer es mandar a casa a familias con ningún ingreso y solo agradecer su esfuerzo."
