La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido en la mañana de este martes, 26 de octubre, en Valladolid una reunión con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, dentro de la Mesa dedicada a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), donde se ha defendido como posición común la necesidad de reformular esta prestación autonómica para que, en su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no se aleje del fin con el que fue concebida: conducir a sus beneficiarios hacia la inserción social y laboral efectiva.
La RGC nació con dos objetivos: garantizar un mínimo de ingresos a todos los castellanos y leoneses en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral. Desde julio de 2020 convive con el IMV con carácter subsidiario, es decir, que suple el cobro de la prestación estatal para quienes no tienen derecho o han tardado en percibir esta última.
La consejera ha detallado la situación actual de coexistencia de las dos prestaciones, tras lamentar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pusiera en marcha el IMV “de manera precipitada y sin contar con la experiencia de comunidades como Castilla y León” y reclamar de nuevo que traspase su gestión al Ejecutivo autonómico. La precipitación y falta de diálogo con la que ha actuado el Gobierno ha originado “disfunciones, desorientación e inquietud entre los ciudadanos y familias más vulnerables”, ha sostenido Isabel Blanco.
En estos momentos, existen en Castilla y León 15.886 familias que reciben el IMV –sólo el 31 % de las que lo han solicitado– y otras 34.936 a las que se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal.
Dentro del primer bloque, hay 2.222 familias con RGC que perciben menos cuantía que en el IMV. Sin embargo, la Junta ha complementado ya la nómina de estas familias, gracias a la reforma de la normativa reguladora de la Renta Garantizada, aprobada en noviembre del pasado año, para evitar precisamente este perjuicio. Aquella modificación, consensuada con el Diálogo Social y con las entidades del Tercer Sector, hizo posible la complementariedad de ambas prestaciones, de forma que las personas vulnerables antes perceptoras de la RGC y hoy del IMV reciben un ingreso extra de casi 235 euros de media para que no pierdan poder adquisitivo.
A la situación anterior hay que añadir la que se está produciendo como consecuencia de las últimas revisiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre prestaciones del IMV ya otorgadas, por las que se están recortando a la baja cuantías con efectos retroactivos. Esto está obligando a la Junta a comprobar sus expedientes de RGC y a pedir la devolución de las cantidades percibidas.
En el caso de Salamanca, el número de expedientes IMV concedido fue de 2.495 frente a los 5.499 expediemtes de IMV denegado e inadmitido. En cuanto al nº de expedientes de RGC que complementan ingresos de IMV adcalza los 359 frente a los 466 perceptores de RGC a los que se les ha denegado e inadmitido el IMV.
Abandono laboral y escolar
Un año y medio después de la entrada en vigor del IMV y de su convivencia con la prestación económica, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha constatado también otros efectos negativos, como el hecho de que cerca del 95% de los beneficiarios de RGC que pasan a cobrar el subsidio estatal abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida del IMV, a diferencia de lo que ocurre con la RGC.
También se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC, producido por el mismo motivo: han pasado a percibir el IMV y la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación.
Ante esta situación, el Gobierno de Mañueco considera necesario replantear la naturaleza de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de modo que garantice a sus perceptores el derecho a la integración social y laboral que no les asegura el IMV. Dicho de otro modo, dado que el IMV garantiza a sus perceptores unos ingresos mínimos para tener sus necesidades básicas cubiertas, la RGC debe orientarse a garantizar la inserción social de estas familias vulnerables.
Ingreso adicional vinculado a un proyecto de inserción
La nueva RGC implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo.
De este modo, la futura Renta Garantizada se centrará en promover la integración de las familias en riesgo de exclusión social, facilitando el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, dado que el IMV se ocupa de asegurar un nivel mínimo de recursos para la cobertura de las necesidades básicas.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a simplificar los requisitos para su solicitud, que se reducen básicamente a tener la residencia y estar empadronados en Castilla y León, ser beneficiarios de IMV, ser demandantes de empleo o de mejora de empleo y firmar el Programa Individualizado de Inserción.
Los potenciales beneficiarios deberán firmar un Proyecto Individualizado de Inserción (PII) en el que, en función de las características de las unidades familiares, se fijen las obligaciones y de toda la unidad familiar para salir de las situaciones de exclusión social. Este itinerario contendrá compromisos especialmente en el ámbito del empleo (vinculadas a la inserción socio-laboral) y la educación (exigiendo la escolarización de los menores de más de tres años).
La nueva Renta intensificará el seguimiento de los Proyectos Individualizados de Inserción y el incumplimiento de las obligaciones y compromisos implicará la extinción de la prestación. El personal de los Servicios Sociales se volcará en estas tareas de gestión, más orientadas a la oferta de itinerarios, contratos y otras medidas para la inserción sociolaboral de los beneficiarios, que a otras tareas más burocráticas.
Se contemplará una medida transitoria para los actuales perceptores de RGC que no son beneficiarios de IMV, a quienes se les garantizará la prestación hasta que, en su caso, pasen a ser beneficiarios de IMV.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los agentes del Diálogo Social trabajarán para definir esta propuesta a lo largo de los próximos días y garantizar que todos los perceptores de la RGC estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción social y laboral y para garantizar el futuro de sus hijos.
