La rebaja de requisitos de la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en agosto de 2022, tuvo su reflejo en las autorizaciones de trabajo a extranjeros del año pasado, que se situaron en máximos desde el ejercicio 2012 en Castilla y León.
El avance de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre esta materia revela que en Castilla y León se dio luz verde el pasado año a 6.524 autorizaciones de trabajo a foráneos, que representan un aumento del 12,3 por ciento respecto a los 5.431 de 2022. No obstante cabe aclarar que la cifra del ejercicio anterior es un avance y aumentará cuando se proporcionen los datos definitivos. Así, si se compara el avance de autorizaciones de 2023 con el dato provisional que se facilitó por las mismas fechas en 2022 (4.838), el aumento alcanzaría el 43,8 por ciento.
Las autorizaciones del año pasado representan el mayor número desde el año 2012, cuando se contabilizaron 5.784, pero están muy lejos de los previos al estallido de la crisis financiera e inmobiliaria de 2007, cuando llegaban a España casi 30.000 extranjeros a trabajar cada año (29.752 en 2005; 28.354 en 2006 o 28.290 en 2007). Entonces la recesión económica mundial obligó al Gobierno a proteger el empleo nacional y estableció limitaciones y permitió solo el acceso a profesiones que se encuentren dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que determina el Servicio de Público Empleo Estatal (SEPE), o en el caso de que el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.
El informe del departamento que dirige Yolanda Díez, recogido por Ical, indica que las autorizaciones crecieron más en el conjunto nacional que en la Comunidad, un 15,6 por ciento, hasta las 229.659. Las autonomías donde más aumentaron fueron Asturias (1.837), un 64,2 por ciento; y Valencia (21.813), un 55,7 por ciento. En datos absolutos, el mayor número de autorizaciones a foráneos – en este grupo no entran los ciudadanos de la UE- se registró en Madrid, 50.313, con un aumento del 21,3 por ciento; en Cataluña, con 46,698, un 1,7 por ciento más, y en Andalucía, 38.559, donde crecieron un 9,4 por ciento.
La mayor parte de las autorizaciones que se conceden están dirigidas a empleados domésticos y otro personal de limpieza, peones agrarios y forestales; trabajadores de los servicios de restauración y peones de la construcción, sectores con serias dificultades para encontrar mano de obra en España.
Los varones extranjeros acumularon un mayor número de autorizaciones de trabajo en Castilla y León, el año pasado, cuando contaron con 3.416, con un aumento del 13,2 por ciento; mientras que el colectivo femenino tuvo 3.108, con un avance del 11,4 por ciento.
En cuanto a la dependencia laboral de estos trabajadores, la inmensa mayoría logró autorización para trabajar por cuenta ajena, con un total de 5.884, que representa una subida en comparación al año 2022, del 8,3 por ciento. Por lo que se refiere al trabajo autónomo, por cuenta propia, de este colectivo, siguió siendo minoritario, con un centenar de autorizaciones, un 7,5 por ciento más que en 2022. A estas autorizaciones habría que sumar las no clasificadas por dependencia laboral para completar el numero global.
Por provincias, el análisis del ministerio indica que sólo se redujeron las autorizaciones de trabajo a extranjeros en Zamora (259), con una ligera merma del 1,7 por ciento, cinco menos que un año antes.
Por el contrario, se elevaron de forma muy importante en la provincia de Ávila (400), un 29 por ciento, seguida por la de Salamanca (912), un 15,2 por ciento; Burgos (1.159), un 14,8 por ciento; León (886), un 14,5 por ciento; Palencia (442), un 12,8 por ciento; y Valladolid (1.282), un 10,4 por ciento, todas ellas con aumentos a dos dígitos. Asimismo, en Segovia (598), crecieron un 9,9 por ciento; y en Soria (556), un 4,3 por ciento.
Cabe recordar que la reforma del reglamento de extranjería se dirigió a facilitar la permanencia y el trabajo de los estudiantes extranjeros y actualizar las figuras de arraigo social y laboral, así como la reagrupación familiar. Asimismo, se creó una nueva figura de arraigo para formación, inspirada en el modelo alemán, para los extranjeros que hayan permanecido en España dos años en situación irregular.
El Gobierno defendió que también impulsa la migración regular facilitando la entrada de emprendedores, favoreciendo la contratación en origen y dotando de más estabilidad a los procesos de migración circular. Asimismo, introdujo mejoras en la gestión administrativa mediante la creación de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería.
