El Gobierno de España anunció este domingo la inversión de 54,4 millones de euros para la construcción de 1.241 viviendas de protección pública energéticamente eficientes destinadas al alquiler social en 13 municipios de Castilla y León, dentro de la apuesta por “facilitar el acceso a la vivienda digna” y que, en total, supondrá la inversión cercana a los 120 millones de euros gracias a los varios convenios de colaboración suscritos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Junta de Castilla y León y algunos de los ayuntamientos donde se van a desarrollar las diferentes promociones.
Así, a través de este programa, y según informó la Delegación del Gobierno, se pretende financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años, con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20 por ciento como mínimo de los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma ha trasferido a la comunidad autónoma de Castilla y León 27.205.000 euros, estando prevista una transferencia adicional del mismo importe este año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
Para el desarrollo de estas promociones, el pasado 20 de diciembre se firmó un primer acuerdo con la comunidad autónoma de Castilla y León en el ámbito de este programa, que permitirá la financiación de 914 viviendas destinadas al alquiler social. La inversión total estimada en estas promociones es de 81,6 millones de euros, y la aportación por parte del Mitma asciende a 40.307.400 euros.
El pasado 8 de febrero, el Mitma y la Junta rubricaron otros tres acuerdos más para la promoción pública de otras 327 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, con una aportación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 14.102.600 euros.
El primero de estos tres acuerdos, que contó también con la firma del alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García, recoge ayudas para la promoción de 103 viviendas en dos actuaciones en dicho municipio, que ejecutará en régimen de promoción pública el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo de Salamanca, con una aportación por parte del Ministerio de 4.242.727,30 euros, y una inversión total estimada de 11 millones de euros.
El segundo acuerdo, que fue rubricado por el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, reúne ayudas para la promoción de 36 viviendas en una única actuación, que ejecutará en régimen de promoción pública el Ayuntamiento de Valladolid, con una aportación por parte del Mitma de 1.547.483 euros y una inversión total estimada de 10,6 millones de euros.
El tercer acuerdo contiene ayudas para una promoción de 30 viviendas en Miranda de Ebro y otra de 158 viviendas en Valladolid, en ambos casos dirigidas al alquiler social principalmente para jóvenes, desarrolladas en régimen de promoción pública por la propia comunidad autónoma a través de SOMACYL, con una aportación por parte del Mitma de 8.312.389,70 euros, y una inversión total estimada de 16,8 millones de euros.
Promociones en 13 municipios
La suma de estos convenios supondrá, en total, la construcción en la comunidad de 1.241 viviendas de protección pública energéticamente eficientes destinadas al alquiler social. Varias promociones estarán dirigidas principalmente para jóvenes. En total, se van a invertir más de 120 millones de euros, de los que más del 45 por ciento lo aportará el Gobierno de España.
En concreto, está previsto llevar a cabo promociones en todas las capitales de provincia, así como en los municipios burgaleses de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Ponferrada (León) y en Medina del Campo (Valladolid).
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ratificó “la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda”. En este sentido, aprovechó para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios asequibles y controlar las rentas en las zonas más tensionadas.
Todo ello, dentro de un Plan Estatal de Vivienda que “nace con la intención de atender las necesidades más urgentes” y que “incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes”, apuntó.
Todas estas iniciativas se suman al objetivo del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda digna y accesible. “Hemos querido proteger y ampliar la vivienda pública, el gran agujero negro de nuestro mercado inmobiliario. El parque de vivienda social en alquiler en España ofrecía cobertura únicamente al 1,6 por ciento de los hogares frente a las tasas del 15 por ciento que exhiben algunos países de nuestro entorno”, concluyó Barcones.
