Este lunes 30 de marzo se han dado a conocer los asuntos que recibieron y que se resolvieron por los órganos judiciales durante 2025, que en el caso de Castilla y León ha registrado una tasa de litigiosidad de 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes, situando a la comunidad por debajo de la media nacional que se ha establecido en 153,70 asuntos por cada millar de ciudadanos.
Los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre la situación de los órganos judiciales sitúa a la provincia de Salamanca con un total de 29 órganos y 41.402 asuntos resueltos; 20.462 pertenecen a la jurisdicción civil, 17.859 penales, 628 contencioso-administrativa y 2.453 de social. En trámite al final del periodo figuran 14.838 asuntos. En cuanto a asuntos ingresados la civil y penal son las que mayor número tuvieron (18.507 la primera y 18.473 la segunda).
En cuanto a la resolución de los asuntos, de los 18 órganos de jurisdicción civil que figuran, se han contabilizado 7.330 sentencias, 6.579 autos y 7.937 decretos; de penal son 14 órganos con 3.355 sentencias, 10.477 autos y 1.319 decretos; 2 órganos de contencioso-administrativa con 478 sentencias, 287 autos y 112 decretos; y finalmente, 3 de jurisdicción social con 1.285 sentencias, 457 autos y 1.047 decretos. La que mayor volumen de actividad registró fue la jurisdicción civil con 18.507 asuntos ingresados, mientras que el mayor número de autos pertenece a penal, que también ingresón un volumen similar a la civil. Al contrario, la de contencioso-administrativa y la social registra el menor número de asuntos, con una alta eficiencia resolutiva.
Respecto a la ejecución de sentencias por competencias: la civil es la que registra mayor número (4.867) con 3.553 resueltas; de penal se registraron 2.279 sentencias y resolvieron 2.729; mientras que de la contencioso-administrativa hubo 79 sentencias que resolvieron todas; y de la social se resolvieron 348 de 361 sentencias.
A nivel nacional, según apunta el CGPJ, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles ha experimentado un descenso del 3,2 por ciento respecto al año anterior, alcanzando un total de 7.550.806 nuevos procedimientos.
