El Procurador del Común ha tramitado durante el pasado año un total de 3.909 expedientes, de los cuales 3.888 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 21 a actuaciones de oficio. Lo que supone un 52,2% más que en el año anterior, donde se tramitaron 2.569 expedientes.
Aumentan el número de quejas que, siendo una única reclamación, representan a colectivos de varios firmantes. Por provincias, Zamora lidera, en esta ocasión, las estadísticas con un total de 661 reclamaciones, que representa el 17% del total, seguida por León, con 579 quejas y Valladolid con 351. A continuación se sitúan Burgos con 285, Salamanca con 269, Palencia con 217, Ávila con 146, Segovia con 139 y finalmente la provincia de Soria con 100.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 680, debido, entre otras quejas, a la reclamación por el estado de la carretera de de Porto a Sanabria.
Del extranjero llegaron 6 quejas, una queja con dos firmantes de diferentes provincias y 454 sobre la misma carretera de Porto a Sanabria que en estos momentos están en proceso de grabación.
En cuanto a la distribución por áreas de las quejas destacan, un año más, las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas con un 46% del total, seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 17%, Bienes y Servicios municipales con un 10%, Medio Ambiente con un 5%, Sanidad y Consumo con un 4%, Familia e igualdad de oportunidades con un 4%, Industria, Comercio y Seguridad Social un 3%, Educación, Justicia, Interior emigración un 2% respectivamente y con un 1% Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio. Aumentan además las consultas recibidas que no han derivado en queja y que asciende a más de un centenar.
Entre las 21 actuaciones de oficio destacan las referentes a la sanidad en las zonas rurales, escolarización de mujeres embarazadas, el control de menores en el acceso a internet en las bibliotecas, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, la falta de plazas residenciales en Castilla y León, además de otras actuaciones de oficio que están en tramitación como la seguridad de los castillos hinchables infantiles, las aulas prefabricadas en colegios de Castilla y León, el estado de la calidad del aire en las capitales de provincia, el personal sanitario de los centros de carácter social para la atención de persona mayores, el control sanitario en el abastecimiento de agua potable o los aseos accesibles para personas con discapacidad en establecimientos de uso público.
