El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que suspenda la tramitación del borrador de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de esta comunidad.
SATSE lleva años denunciando la falta de personal sanitario suficiente, como son los profesionales enfermeros, en estos centros, e incluso, consiguió parar en los tribunales el anterior Decreto elaborado por la Consejería. Pero ahora, los últimos acontecimientos derivados de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus han dejado al descubierto esta importante carencia de profesionales sanitarios en las residencias de mayores de la comunidad. Faltaban profesionales de atención sanitaria directa y esto también ha incidido en una tardía detección de la sintomatología asociada al COVID-19 entre los ancianos. A la vez, se ha producido una falta de detección de la cobertura de necesidades básicas, revelándose residencias en las que las condiciones de atención a los residentes eran muy deficitarias.
La emergencia sanitaria ha dejado también al descubierto que la regulación actual que establece unas ratios de atención de profesionales sanitarios en función del número de residentes es fácilmente sorteada por determinadas residencias tanto privadas como públicas, que ante la situación de bajas (IT) de sus trabajadores no han llevado a cabo las sustituciones necesarias para mantener unos mínimoss niveles de calidad asistencial. La carencia de profesionales cualificados ha incidido muy negativamente, haciendo que el número de residentes fallecidos estos días sea muy superior a la media habitual.
La falta de equipamiento necesario para proteger tanto la salud de los trabajadores como la transmisión del virus entre los residentes también ha quedado al descubierto con esta crisis, agravando las expectativas de salud de las personas residentes que son la parte de la población más vulnerable y con el mayor índice de mortalidad derivado de la infección por COVID-19.
Además, la situación actual ha puesto de relieve que las residencias de ancianos no pueden concebirse exclusivamente como un negocio con el objeto de obtener rendimientos económicos, sino que debe primar la salud, el bienestar y la protección de los residentes. SATSE Castilla y León lleva años denunciando esto ante la Consejería de Familia sin que esta dé marcha atrás en sus intenciones.
Por todo ello, SATSE Castilla y León pide a la Consejería de Familia que evalúe los errores cometidos hasta ahora, como es la falta de una dotación de recursos humanos cualificados suficientes para las cargas asistenciales existentes en las residencias de ancianos de Castilla y León.
A juicio de SATSE, es imprescindible la retirada inmediata del nuevo borrador, que está en fase de tramitación, del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de estos centros, porque incurre en los mismos errores y carencias que los anteriores decretos, y que, como se está demostrando, estas carencias implican que no se garantice una adecuada atención a los residentes.
Al mismo tiempo, el Sindicato de Enfermería exige a la Consejería de Familia que se inicie la redacción de uno nuevo en que el que se garantice una dotación suficiente y real de recursos humanos cualificados, de profesionales sanitarios en estos centros, porque estos profesionales son un pilar fundamental de esta asistencia sociosanitaria.
Como se recordará, SATSE Castilla y León denunció ante la Justicia el Decreto de 2017 porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al Decreto de 2001, ya que el de 2017 despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales con que debían contar, entre ellos los de enfermería. De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes enfermeros, fisioterapeutas, etc., recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes.
SATSE ha venido insistiendo en que en 2017 se hizo un “decreto “a la carta” para las asociaciones empresariales y que solo favorecía que el cuidado de nuestros mayores se convirtiera en un negocio muy rentable. Pero no obstante, y tras rechazarlo los tribunales, la Consejería ha seguido adelante con un nuevo Decreto que continúa con las mismas condiciones de falta de personal sanitario en las residencias y centros de Servicios Sociales.
