El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia dio luz verde este martes al cambio de modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que establece la atención “libre de sujeciones” y aspira a incrementar el número de trabajadores de residencias para personas mayores y con discapacidad o en situación de dependencia.
El objetivo es alcanzar, “al menos”, un trabajador por cada dos personas atendidas en este tipo de instalaciones, que tendrán que "parecerse mucho más a un hogar".
Así lo subrayó tras la reunión la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien reconoció sentirse “especialmente satisfecha” por haber “logrado” el que considera “uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura”.
“Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado en el Consejo Territorial un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia", abundó, para resaltar que el actual modelo de residencias que atiende a personas mayores y con discapacidad en España “ha mostrado todos sus límites” durante la pandemia “a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho muchos de sus trabajadores”.
A juicio de Belarra, “como todos los pactos importantes, ha requerido muchas horas de diálogo”. “Pero, finalmente, lo hemos logrado de la mano de las comunidades autónomas”, sentenció, para asegurar que, desde este martes, “miles de personas en nuestro país mirarán a su futuro con más esperanza y con más certidumbre”.
En este punto, subrayó que, “a partir de ahora”, las residencias “van a tener que parecerse mucho más a un hogar, con un tamaño máximo y con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas” y que tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o como un salón “para su uso”.
Además, advirtió de que, durante los “próximos años” también se va a “incrementar” el número de trabajadores de residencias para personas mayores hasta alcanzar, “al menos” la cifra de “un trabajador o una trabajadora por cada dos personas atendidas”.
En paralelo, hizo hincapié en que se establecerá la atención “libre de sujeciones”, eliminando una práctica que, en su opinión, “no puede tener cabida en un país democrático”.
Junto a ello, afirmó que el Gobierno “sigue apostando” por la atención domiciliaria, el modelo que, admitió, “muchísimas personas mayores nos dicen que desearían para su vejez”. “Avanzamos apostando, como siempre por lo público, garantizando derechos y poniendo en el centro lo más importante que tenemos, a nuestra gente”, resolvió.
Belarra quiso agradecer, además, el “inmenso trabajo y empuje” del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la “colaboración imprescindible” de las organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores, así como de “muchos expertos y expertas” que han “ayudado” al Ejecutivo para alcanzar este acuerdo.
