El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informó este jueves de que los servicios jurídicos de la Administración autonómica estudian los “mecanismo más adecuados” para recuperar el coste de los daños que provocaron los ganaderos que intentaron asaltar el pasado 5 de junio, la Delegación Territorial de Salamanca, con nueve detenidos.
Carriedo aclaró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que han entregado a los servicios jurídicos “toda la documentación” para que determinan cómo defender de la manera “más adecuada” los intereses de Castilla y León en el caso, para “recuperar el coste de los daños causados, porque los bienes dañados por estos actos violentos absolutamente reprobables son de todos los ciudadanos”.
En este sentido, constató que el mecanismo puede ser personarse en la causa judicial abierta, una demanda civil o de otro tipo o un mecanismo administrativo, una vía que todavía está por determinar.
El consejero tampoco pudo precisar el coste al que se elevan los daños provocados por los ganaderos durante sus protestas frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, donde se produjo rotura de cristales y de “elementos físicos”. “Estamos en la fase de reparación y cuando concluya sabremos el coste total de los desperfectos”, indicó.
En cuanto al procedimiento penal abierto contra los ganaderos, apeló a dejar trabajar a los jueces, y trasladó que apoyará al tribunal “en todo lo que sea necesario si no lo pide”. “Confiamos en la justicia a diferencia de otros gobiernos, incluidos ministros que insultan a los jueces, para que el peso de la ley caiga sobre los que cometen un delito”.
