En Peñaranda de Bracamonte, las carencias judiciales no están en el edificio, de reciente creación, concretamente inaugurado el 30 de marzo de 2009. Está dotado de multitud de servicios y con unas instalaciones muy adecuadas, disponiendo de medidas de seguridad consistentes en la existencia de un agente de seguridad privada en el acceso al edificio, así como de alarma en las horas en que el Juzgado permanece cerrado al público, según recoge la Memoria Judicial de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Cuenta con una amplia sala de vistas, oficina separada para la sección civil y penal, Registro Civil en la planta baja, clínica forense, sala de declaraciones, sala polivalente, calabozos, sala para practicar ruedas de reconocimiento y amplios despachos. Igualmente existe ascensor para facilitar el acceso a la primera planta a personas con movilidad reducida. Su estado de conservación es muy bueno, no presentando ningún aspecto a destacar.
Sin embargo, en lo referente a la plantilla, se considera necesario aumentarla en un funcionario del cuerpo de tramitación. Explica el informe que la plantilla del Juzgado está integrada por dos gestores, dos tramitadores y un auxilio. Y es que el funcionario de tramitación que se encarga del Registro Civil también tiene encomendada la tramitación de juicios de faltas/delitos leves y ejecutorias de faltas/delitos leves, mientras que la funcionaria del Cuerpo de Gestión que está en la sección penal se encarga de todos los demás procedimientos penales (registro, tramitación y recibir declaración con el Juez), así como exhortos penales.
“Los días que hay declaraciones, detenidos o cualquier otra actuación relacionada con el servicio de guardia, al existir solamente un funcionario en la sección penal, la tramitación de asuntos penales queda prácticamente paralizada, con la consiguiente disfunción que ello ocasiona al no disponer de una plantilla más amplia y no poder destinar otro funcionario a ese cometido”, concluye el informe.
