El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) ha denunciado públicamente una serie de presuntas irregularidades en el traslado de un paciente con sospecha de contagio por Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hasta Madrid, una actuación que, según el sindicato, puso en riesgo tanto a los profesionales sanitarios como a la población.
La organización sindical acusa a la UTE EMERSAN 2022, concesionaria del transporte sanitario en la provincia y formada por Ambulancias Rodrigo y Ambulancias Fabián Martín, de incumplir los protocolos establecidos para el manejo de patógenos de alta peligrosidad.
Entre las principales deficiencias señaladas por SP-TES figura la realización del traslado sin una cápsula hermética de aislamiento de presión negativa, un elemento considerado esencial en este tipo de intervenciones. Además, asegura que la ambulancia utilizada no reunía las condiciones de aislamiento necesarias para garantizar la seguridad biológica durante el servicio.
El sindicato también denuncia que los técnicos movilizados para la intervención carecían de la formación específica y del entrenamiento exigido para afrontar el traslado de pacientes con sospecha de enfermedades de alta letalidad.
La situación, según relata SP-TES, se agravó a la llegada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia para este tipo de patologías. Allí, el personal de la ambulancia no pudo acceder a las instalaciones debido a las condiciones en las que se había efectuado el traslado, con el objetivo de evitar posibles riesgos de contaminación.
Como consecuencia, los profesionales tuvieron que retirarse los Equipos de Protección Individual (EPI) y realizar labores de desinfección en un aparcamiento público, una circunstancia que el sindicato califica de “humillante” y que atribuye a la falta de previsión tanto de la empresa concesionaria como de la administración sanitaria.
SP-TES asegura además que no se trata de un hecho aislado y denuncia que ya se produjo un incidente similar con anterioridad. Según el sindicato, las advertencias realizadas tras aquel episodio no dieron lugar a medidas correctoras por parte de los responsables del servicio.
Ante esta situación, la organización exige la apertura inmediata de una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido, la depuración de responsabilidades y la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de seguridad en futuros traslados biológicos. Asimismo, reclama que se evalúe la continuidad del contrato de la concesionaria y que se suspendan este tipo de servicios hasta que se certifique la disponibilidad de los medios materiales y la formación especializada exigidos por la normativa.
