UGT denunció este miércoles el “desprecio” y el “bloqueo institucional” que, a su juicio, la Gerencia de Atención Primaria mantiene hacia el personal administrativo de los centros de salud, una situación que estaría impidiendo la celebración de reuniones desde hace más de dos años, según ha recogido Ical.
El sindicato explicó que, tras un primer encuentro celebrado en abril de 2024 con el gerente de Atención Primaria, en el que se trasladaron los principales problemas del colectivo, la comunicación con la Administración se rompió por completo. Desde entonces, aseguran, las reiteradas solicitudes de reunión no han obtenido respuesta.
UGT subrayó que este silencio “no es un simple olvido”, sino “un grave desprecio” hacia el personal administrativo. La situación alcanzó su punto más crítico en diciembre de 2025, cuando el sindicato presentó una solicitud formal de reunión por registro. Un mes después, lamentan, la respuesta siguió siendo el silencio, lo que consideran “la gota que ha colmado el vaso”.
Según UGT, los trabajadores se sienten “abandonados y silenciados” por una Dirección de Gestión que “se niega a escuchar” a quienes gestionan el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública.
Uno de los principales focos del conflicto es la situación del personal administrativo en el medio rural. Aunque realizan las mismas funciones que sus compañeros de centros urbanos, la Gerencia se niega, según el sindicato, a reconocerles la figura de “responsable de Unidad Administrativa”, lo que genera una “desigualdad profesional y salarial” que, a su juicio, perjudica especialmente a quienes sostienen la atención sanitaria en los pueblos.
UGT también denunció la falta de privacidad en los mostradores de los centros de salud para realizar trámites complejos, como la gestión de tarjetas sanitarias de personas extranjeras. Estos procedimientos, señalan, implican el manejo de información sensible en espacios abiertos, lo que vulnera los derechos de los pacientes y genera situaciones de tensión.
En este sentido, el sindicato reclamó la creación urgente de una unidad específica para estos trámites, con apoyo de trabajadores sociales, para atender adecuadamente a personas en situación de especial vulnerabilidad.
Por último, exigieron un refuerzo de las medidas de seguridad para el personal administrativo, al ser la primera línea de atención y quienes más sufren situaciones conflictivas. Entre sus demandas figuran la implantación de protocolos claros de Gestión de la Demanda, formación continuada más allá del periodo estival, un protocolo de protección de datos y el reconocimiento de las labores de tutoría, según recoge Ical
