Desde entonces, a aquellos hechos se les conoce en la jerga periodística como 'La venganza de Tristán', debido al título del reportaje realizado por el periodista Manuel Viejo, que dio voz a los protagonistas de aquella historia y fue durante varios días lo más leído en la edición digital de El País. Sin embargo, un año y tres meses después, la historia de Tristán vivirá un capítulo más, quizás el definitivo, debido a que este próximo 4 de junio deberá comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca en la vista oral que contra él llevo adelante el Ayuntamiento de la ciudad, debido a la famosa sanción que le impusieron por su cerramiento. Tristán se enfrenta a una multa que asciende a más de 18.000 euros por una obra realizada en su vivienda que le costó 5.800 euros. La historia, una vez más, es digna de conocer, porque desde 2018 se han sucedido nuevos acontecimientos.
Con la denuncia interpuesta, Tristán recibió una notificación de 18.200 euros de multa. Se quedó blanco, claro. El hombre cobra una pensión de 1.200 euros, por lo que volvió a avisar al cerrajero, que retiró la obra y, dada su amistad, se ofreció a guardar el material en su garaje por si Tristán podía utilizarlo más adelante. La legislación afirma que no se pueden hacer obras en los balcones y patios si no figura en la escritura y, como la Concejalía de Urbanismo no suele actuar de oficio, los ciudadanos las cierran sin pedir permiso y propicia que se denuncien entre ellos.
Tristán acudió al Ayuntamiento de Salamanca con pruebas de que había retirado el cerramiento para tratar de conseguir que no le sancionaran. Allí, según su versión, que recogió El País, le comentaron que no había vuelta atrás porque le había denunciado un vecino. “¿Sí?, no os preocupéis, que ya vendré”, dijo. Volvió a su casa, cogió lápiz y papel y se puso a recorrer durante varias semanas los distintos barrios de la ciudad. “Tengo mucho tiempo libre porque soy pensionista. Solo pido que la ley sea igual para todos”. Pocos días después se presentó en el Consistorio con 300 denuncias contra cerramientos ilegales realizados por una cifra cercana a 800 vecinos de Salamanca. “Si tengo que pagar, pagaré”, dice Tristán. “500, 600, 1000 euros, una cosa razonable. Pero hombre, 18.000 euros...”.
¿Qué ha ocurrido desde entonces?
Cuando el Ayuntamiento de Salamanca notificó a Tristán la sanción, la familia consultó a un abogado, que les indicó que el trámite habitual era interponer un recurso. Sin embargo, días después, la esposa de Tristán acudió de nuevo al abogado y le pidió que retirara el recurso. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS de fuentes de la familia, se reunieron con el concejal de Patrimonio, Fomento y Juventud, Daniel Llanos. "Nos dijo que la ley en cuanto a este tipo de cerramientos era muy laxa, por lo que, si retirábamos el recurso, el Ayuntamiento arreglaría el problema". El abogado les indicó, por su parte, que si retiraban el recurso y efectivamente seguía la tramitación de la denuncia, no habría vía para tratar de impedir la ejecución de la multa".
Sin embargo, parece que la palabra dada por el concejal no fue tal, siempre como aseguran las mismas fuentes familiares, porque la sanción llegó. Eso sí, el abogado se había guardado un as bajo la manga, por lo que presentó un recurso ante el OAGER, pero el Consistorio indicó que estaba fuera de plazo. El asunto llegó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolvió que el escrito de recurso interpuesto por el letrado estaba dentro del plazo de la vía ejecutiva, pero el Ayuntamiento mantuvo la sanción. Este 4 de junio se celebrará el juicio.
El curioso caso de los expedientes caducados
Pero todavía hay algo más. Una mañana, el letrado que defiende a Tristán solicitó al Ayuntamiento de Salamanca el expediente administrativo del caso en cuestión. En él figuraba, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, un escrito realizado por la funcionaria municipal pertinente que tramita este tipo de sanciones por cerramientos en inmuebles de la ciudad. La mujer indicaba que, meses antes, se había cogido una baja y, en ese tiempo, debido a que el Consistorio no había colocado en su puesto a un sustituto, numerosos expedientes habían caducado sin llegar a tramitarse sanción alguna.
"Dentro de las funciones que realizo en el Servicio de Inspecciones y Obras de dicha área, se encuentra la protección de la legalidad, el seguimiento y tramitación de los instrumentos de fomento de la conservación rehabilitacion y nueva edificacion. Desde el dia 4 de marzo de 2015 hasta el 20 de mayo del citado año, he estado de bajo por motivos médicos justificados, he incorporada a mis funciones en el área he comprobado que durante los meses de baja no se ha tramitado ningún expediente, habiendo quedado paralizados, entre otros, los expedientes que a continuacion se relacionan, lo que ha suspuesto en algunos casos la caducidad de los procedimientos y la prescripción de las infracciones cometidas", indica el escrito de la funcionaria en cuestión, al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, pero continúa.
"Teniendo en cuenta lo anterior, considero que no es de mi responsabilidad la ausencia de tramitación de los expedientes entre los días 4 de marzo y 20 de mayo de 2015, ni las consecuencias que ello ha podido o pueda acarrear. Asimismo considero que hay que priorizar los expedientes que se inicien con posterioridad a la fecha de mi incorporacion o aquellos a los que ahora se tenga que realizar algún trámite jurídico".
¿Qué pasa con el expediente de Tristán?
Pues que el suyo no ha sido, precisamente, uno de los que ha caducado. Así que, hace unas semanas, Tristán y familia aseguran que volvieron a reunirse con el concejal Llanos, planteándole que, si la costumbre en Salamanca es tramitar los cerramientos ilegales de esta forma, a unos sí y a otros no, pudieran adecuarles la sanción dentro de unos márgenes más "solidarios".
Por el momento no han recibido respuesta.
