El tiempo se agota para más de un millón de empleados públicos en España que tienen derecho a reclamar los complementos salariales excluidos ilegalmente de sus pagas extraordinarias. Esta semana vence el plazo de prescripción legal para solicitar la paga extraordinaria de Navidad de 2021 con todos los pluses devengados, una cantidad que, en muchos casos, puede superar los 2.000 o 3.000 euros por paga extra.
El Tribunal Supremo (TS) ha consolidado recientemente una doctrina inequívoca que afecta directamente a los funcionarios de sectores con turnos o servicios de guardia (Sanidad, Seguridad, Justicia, etc.), que suman aproximadamente 1,1 millones de personas.
Durante años, muchas administraciones públicas excluyeron de las pagas extra conceptos como nocturnidad, turnicidad, festivos, atención continuada, guardias y el complemento de formación, argumentando que solo se devengaban al prestar el servicio específico.
Las recientes sentencias del TS, por un lado la STS 3631/2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, establece que los pluses ligados a la prestación habitual del servicio (como la nocturnidad o festividad) deben considerarse retribuciones ordinarias e inherentes al puesto, debiendo mantenerse íntegros en las pagas extraordinarias, vacaciones y permisos retribuidos. Por otro lado, la STS 4420/2025, de la Sala de lo Social, recalca que los complementos "fijos y periódicos" forman parte del salario estructural. La consecuencia jurídica es clara: todo complemento habitual debe integrar las pagas extraordinarias.
El TS ha confirmado que el plazo de prescripción para reclamar estas deudas salariales es de cuatro años. Cada mes que pasa sin reclamación se pierde de forma irrecuperable.
El despacho Unive Abogados, que ha estado analizando la situación, advierte que la mayoría de los empleados públicos afectados "no son conscientes de que han estado cobrando pagas extraordinarias o vacaciones reducidas sin justificación legal y que ahora pueden recuperarlas de forma sencilla, pero solo si actúan antes del vencimiento del plazo”.
Aunque la doctrina es general, los sectores con mayor volumen de complementos excluidos, y por tanto, los más afectados, son sanidad (atención continuada, guardias, noches), policías locales, autonómicas y nacionales: turnicidad, nocturnidad, festivos, bomberos, emergencias y protección civil, personal de justicia y funcionarios de ayuntamientos, comunidades autónomas con ciclos de turnos y servicios sociales y residencias.
Se estima que, dependiendo del sector, estos complementos representan entre 200 y 300 euros por paga extra. El impacto económico potencial para las administraciones públicas, solo en atrasos de cuatro años, podría superar los 6.000 millones de euros.
