A pesar de haber transcurrido ya tres meses desde la celebración del primer pleno de esta legislatura en el Ayuntamiento de Salamanca, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) recuerdan que "sigue sin hacerse pública en la web municipal la declaración inicial de bienes de los concejales del consistorio, así como la declaración final de la pasada legislatura".
En este aspecto, según exige la ley, antes de la toma de posesión de cualquier cargo público, así como a la finalización del mandato, es preceptivo que se realice la declaración de patrimonio, especificando datos relativos a sus propiedades así como los ingresos de distinta índole que pudieran corresponderle. De este modo, realizando una comparativa con la declaración final, "se puede apreciar con relativa facilidad que no ha existido en el ejercicio del cargo un desmedido enriquecimiento, proporcionando al ciudadano la tranquilidad en cuanto a que sus representantes han realizado funciones públicas sin beneficio personal".
De esta manera, la publicación de dichas declaraciones patrimoniales en la web del consistorio de la capital contribuiría a "garantizar la transparencia requerida", siendo una información a la que puede tener acceso cualquier ciudadano. No obstante, sin la publicación de dichos datos facilitados por los ediles, se estaría "negando una información que debería ser pública al ciudadano salmantino", por lo que los leonesistas han pedido "explicaciones del motivo por el cual, transcurridos ya tres meses del primer pleno de legislatura, aún no se haya colgado en la web del ayuntamiento de Salamanca dicha información".
Y es que, según apunta UPL, no haciendo pública la declaración de bienes de los concejales, se estaría "ocultando, sin que exista justificación razonable para ello, una información a la que al ciudadano le asiste el derecho de acceso para su conocimiento". No obstante, los leonesistas señalan que de aquellos concejales que repiten en el cargo, se pueden obtener datos relativos a etapas anteriores, que sí que figuran en la web, aunque no es así para las nuevas incorporaciones, cuyas cifras son "desconocidas totalmente y que deben en aras al pretendido buen gobierno hacerse públicas".
Se trataría, en definitiva, de datos personales que "dejan de serlo cuando alguien asume la responsabilidad de ejercer un cargo público" y que van desde el saldo en cuentas bancarias al valor total de inmuebles en propiedad, pasando por tener que declarar la base imponible del IRPF, los fondos de pensiones si los hubiera o hasta los seguros de vida actualizados. Asimismo, "no se debe olvidar algo de gran importancia, como serían las incompatibilidades que pudieran chocar con el ejercicio de la función pública y que UPL destapa que no se han dado a conocer".
