Los Juzgados de Salamanca atraviesan estos días una situación de "caos absoluto" tras la entrada en vigor de la nueva estructura de la oficina judicial, denominada Tribunal de Instancia, aprobada el pasado 5 de marzo de 2025.
La raíz del problema radica en la propia complejidad del nuevo modelo organizativo. Antes, cada juzgado gestionaba directamente sus propios asuntos con su personal asignado. Ahora, varios juzgados comparten equipos, funcionarios y expedientes, que a su vez se dividen en negociados, unidades funcionales y grupos de trabajo. Esta multiplicación de niveles ha creado un sistema difícil de interpretar incluso para los propios trabajadores.
De hecho, el reparto de funciones no está claramente definido en la práctica; muchos empleados no saben con precisión qué procedimientos deben tramitar ni a quién corresponde cada tarea, lo que genera duplicidades, retrasos y descoordinación interna. A ello se suma que la implantación se ha realizado sin una adaptación suficiente de medios materiales y espacios de trabajo -a este respecto, hay una denuncia remitida al área de riesgos laborales-.
La sobrecarga de trabajo, que se pretendía erradicar con este nuevo modelo, persiste, pero ahora se distribuye dentro de una estructura más compleja, lo que incrementa la sensación de descontrol; de hecho, el correcto funcionamiento diario es más achacable al esfuerzo personal de los trabajadores que a la nueva organización implantada.
Este escenario, un maremágnum absoluto, no solo afecta a los trabajadores de la justicia, sino que amenaza directamente a los ciudadanos que, tal y como auguran los propios profesionales, pueden ver cómo se alargan los plazos y se ralentizan los procedimientos.
En conclusión, la reforma, concebida para modernizar el sistema, ha terminado generando un modelo difícil de entender y aún más difícil, si cabe, de aplicar; “Esto es un caos, lo que se viene va a ser terrible” y “es imposible a nivel nacional” alegan fuentes internas consultadas por Salamanca24horas.
La reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero pero al ser días inhábiles no se han empezado a vivir las consecuencias hasta el jueves 8 de enero, establece una nueva organización basada en siete equipos operativos; la mayoría de estos equipos se dedica a la jurisdicción civil, que concentra aproximadamente el 70% del volumen total de asuntos. Cada equipo se divide en negociados y, a su vez, en unidades funcionales, que asumen distintos tipos de procedimientos judiciales.
Unidades funcionales, distribución de equipos y competencias
Ahora bien, lo primero que hay que comprender es que existen equipos civiles y lo que se ha denominado como 'unidades funcionales'; estas, que son dos, se reparten las materias.
Una de las citadas unidades funcionales se encarga de los juicios verbales relacionados con condiciones generales de la contratación y de procedimientos minoritarios, mientras que la otra asume el resto de asuntos civiles.
En el caso del negociado número 3 -los negociados son subdivisiones dentro de los equipos-, existe una especialización mercantil, por lo que una unidad gestiona los asuntos civiles y la otra los mercantiles. El equipo 1 mantiene su carácter especializado en familia, menores e incapacidades. Además, el letrado que compatibiliza funciones con el Registro Civil queda adscrito al equipo 4.
La distribución de los equipos queda organizada de la siguiente forma: en el área 1 el equipo 1 integra los juzgados de familia números 8 y 10; el equipo 2 agrupa los juzgados de primera instancia números 1 y 2; el equipo 3, los juzgados de primera instancia números 9 y 4; el equipo 4, los juzgados de primera instancia números 5 y 3 junto con el Registro Civil; el equipo 5, los juzgados de primera instancia números 6 y 7; el equipo 6, los juzgados de lo social números 1 y 2; y el equipo 7, los juzgados contencioso-administrativos números 1 y 2 y el juzgado de lo social número 3.
El área dos es la correspondiente a penal: menores, vigilancia penitenciaria y juzgados de lo penal -estos últimos, cuentan con negociado de lo penal número uno y negociado de lo penal número 2-.
Ahora bien, dentro de cada negociado civil se han creado dos grupos de trabajo: uno de admisión de asuntos y otro de tramitación y control. Los letrados de la Administración de Justicia son los encargados de repartir los expedientes entre las distintas unidades funcionales. Además, el gestor más antiguo de cada grupo actúa como enlace con el magistrado correspondiente para informar sobre el estado de los procedimientos.
En cuanto al personal, la plantilla total está formada por 24 gestores procesales y 42 tramitadores procesales. La mayor parte de estos recursos se ha destinado a los equipos civiles, por ser los que soportan una mayor carga de trabajo. El equipo de familia cuenta con tres gestores y seis tramitadores; los equipos civiles del 2 al 5 disponen de cuatro gestores y entre cinco y siete tramitadores cada uno; el equipo social tiene cuatro gestores y ocho tramitadores; y el equipo contencioso cuenta con dos gestores y seis tramitadores. El jefe de área ha sido asignado al equipo 4, con posibilidad de reorganización según las necesidades.
¿Cómo va a afectar esta situación a los ciudadanos?
Este desajuste organizativo no es un problema interno sin consecuencias. La descoordinación entre equipos y la falta de claridad en el reparto de funciones está provocando que muchos expedientes avancen más despacio de lo habitual.
Para el ciudadano, esto puede traducirse en retrasos en citaciones, notificaciones y resoluciones judiciales, así como en mayores dificultades para obtener información sobre el estado de sus asuntos. La saturación de los servicios y la escasez de medios básicos también afectan a la atención al público, incrementando la sensación de bloqueo en un servicio esencial.
Fuentes judiciales advierten de que, si la situación no se corrige, el colapso administrativo acabará repercutiendo directamente en los tiempos de respuesta de la Justicia.
La postura de los sindicatos
Desde el sindicato STAJ denuncian que la implantación del nuevo modelo está generando numerosos problemas prácticos. Aseguran que, después de más de un mes, algunos trabajadores del área social siguen sin disponer de teléfono. También señalan que hay empleados que desconocen qué asuntos deben tramitar exactamente, lo que incrementa la confusión y los retrasos.
El sindicato advierte además de que muchos trabajadores se encuentran hacinados, la sobrecarga de trabajo continúa y la reorganización no ha mejorado el servicio. Alegan, además, que durante meses el sistema solo funcionará gracias al esfuerzo y la voluntad del personal. La organización sindical considera que esta situación vulnera las condiciones laborales y reclama una revisión urgente del modelo.
Además, la organización sindical ha referido que hay funcionarios reubicados que no tienen acceso a las aplicaciones informáticas necesarias para tramitar, algunos sistemas no funcionan correctamente, no se dispone de expedientes y las líneas telefónicas aún no han sido redirigidas.
STAJ denuncia, asimismo, que algunos funcionarios deben desplazarse diariamente entre diferentes sedes judiciales para cubrir juicios y servicios, lo que supone una pérdida de tiempo efectiva de trabajo y un nuevo foco de desorganización.
El sindicato advierte igualmente de recortes de personal en servicios clave como el Registro Civil, pese al aumento constante de expedientes, y alerta de que Salamanca, una de las ciudades con mejores tiempos de resolución judicial, podría verse abocada a un colapso si no se corrigen estas deficiencias.
