El Pleno del Congreso ha iniciado este martes el proceso para reducir la tasa máxima de alcohol permitida para conducir, pasando de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (o de 0,25 miligramos por litro de aire espirado a 0,1). Además, la iniciativa legislativa también busca prohibir la difusión de la ubicación de controles policiales en redes sociales.
La propuesta de ley, presentada por el PSOE, fue tomada en consideración con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular. Esta modificación afectaría al texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Según el PSOE, estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, evitando poner en riesgo su vida e integridad física. La propuesta endurece las sanciones, estableciendo multas de 1.000 euros para quienes superen los límites de alcohol permitidos.
Cabe recordar que en la actualidad el límite de alcohol en sangre se fija en 0,5 gramos por litro, mientras que en aire espirado se establece la barrera de los 0,25 miligramos por litro de aire espirado (a excepción de profesionales y conductores nóveles). Por lo que los nuevos límites se fijarían en 0,2 gr/l de sangre y 0,1 mg/l de aire espirado.
En ese sentido, en el texto recogido por Europa Press, se añade el párrafo z4) al artículo 76, que considera infracciones graves conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre.
Las estadísticas presentadas por los socialistas revelan la gravedad del problema, con un 33% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico que presentaban restos de alcohol en sangre en 2024. Además, un informe de la Fiscalía General del Estado registró más de 50.000 condenas penales por conducir bajo los efectos del alcohol en 2023.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había anunciado en septiembre de 2024 su intención de impulsar esta reforma, considerando que la sociedad española está preparada para este cambio y atendiendo a las demandas de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.
La propuesta también incluye la prohibición de difundir información sobre la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas, argumentando que esta práctica dificulta la labor de las autoridades y protege la impunidad de conductores peligrosos. El PSOE defiende que el derecho a la información no puede poner en peligro la seguridad vial y la vida de los demás.
