Los alcaldes de Carbajosa, Santa Marta, Villamayor, Guijuelo y Doñinos han criticado este lunes la obligatoriedad de subir la tasa de basuras a sus vecinos a partir del 1 de enero de 2026 aplicando la nueva ley que en Salamanca ha tenido una moratoria de un año. Un cambio que es “una imposición directa del Gobierno de España” que “obliga a todos los ayuntamientos a establecer una tasa que refleje el coste real de recogida y tratamiento de residuos urbanos”, ha explicado Pedro Samuel Martín. Una tasa que no puede ser deficitaria y que, por tanto, obliga a los ayuntamientos a repercutir este coste íntegro a los vecinos ya que la mayoría de ellos las han congelado en los últimos años asumiendo cada ayuntamiento la diferencia.
Una obligatoriedad que “va más allá de lo que exige Europa” y que se ha puesto en marcha “sin diálogo, sin una transición razonable y sin apoyo económico a los ayuntamientos”, ha afirmado Martín. El alcalde de Carbajosa ha asegurado que los Ayuntamientos van a seguir reclamando una “financiación justa y estable para los municipios que nos permita cumplir con nuestras obligaciones sin penalizar a los vecinos”.
Por su parte, el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo ha centrado su intervención en poner de manifiesto los problemas que supondrá para los Ayuntamientos “lo complejo de repercutir al ciudadano de manera objetiva su parte de la recogida” y que “vamos a tener que mirar qué es lo que se está vertiendo, qué es lo que aporta cada ciudadano y trasladarle esa tasa”. Peralvo ha preguntado ¿cómo se hace? y ha calculado que en el caso de Villamayor la subida de la tasa podría ser del 50 por ciento.
Para Roberto Martín, de Guijuelo, en su caso tendrán que repercutir a los usuarios unos 200.000 euros que ahora asume el Ayuntamiento. “No aportamos ningún valor añadido a la población, se cobra una tasa más y no sabemos cómo lo podemos hacer, como podemos saber lo que se tira en una vivienda o en otra y ha asegurado que “en los programas piloto que se han hecho en otros municipios ha sido un desastre” siendo una ley que “plantea más problemas que soluciones”.
Para David Mingo, de Santa Marta, va a suponer a los vecinos “un incremento sustancial en el pago de la tasa” y que la norma interfiere “en el principio de autonomía local de los Ayuntamientos”. Es una tasa “que no queremos aplicar”, ha asegurado Mingo, que ha afirmado que “ese dinero no irá al Ayuntamiento, nosotros pagamos a GIRSA y GIRSA paga al Gobierno central, es recaudatorio para el Estado, quien cobra es Pedro Sánchez”. Ha calificado la norma de un “sinsentido” y que ningún ayuntamiento del tamaño de los cinco que estaban presentes tienen “capacidad jurídica o capacidad técnica para poder aplicar la tasa de otra forma que no sea la existente”.
Agustín Rodríguez ha asegurado que en el caso de Doñinos el incremento será entre un 40 y un 50 por ciento y ha criticado que les obliguen a implantarla.
