El número de mujeres que ejerce la prostitución en clubes de alterne Castilla y León se ha incrementado en el último año un 24,7 por ciento y supera el millar de personas, la cifra más alta del último lustro. No obstante, también habría que sumar también las mujeres que son explotadas en las ciudades en pisos clandestinos y cuyo número se incrementó debido a la pandemia.
Además, solo el pasado año las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en la Comunidad a 30 mujeres que estaba siendo obligadas a prostituirse y en 25 casos pudieron demostrar que las víctimas habían llegado a esa situación tras caer en las redes de una banda organizada de trata de seres humanos.
En total, en los últimos cinco años la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado que 159 mujeres dejaran de ser sometidas en la Comunidad a una de las formas de esclavitud más cruel del siglo XXI, según se advierte en un informe del Ministerio del Interior sobre la trata y explotación de seres humanos al que ha tenido acceso Ical.
El perfil mayoritario de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que acaban llegando a Castilla y León es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Paraguay, Brasil, Colombia y países el Este de Europa, en situación de vulnerabilidad y criadas en el seno de familias pobres, que vienen engañadas con la promesa de que tendrán un trabajo digno, aunque en algunas ocasiones, aunque saben lo que les espera, no son conscientes de las condiciones inhumanas que los proxenetas les imponen.
En el caso de Castilla y León, detrás de esta denigrante explotación no se encuentran grandes mafias o grupos organizados a gran escala, y sí grupos criminales muy cerrados y pequeños según explica a Ical el jefe de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Salamanca, el capitán Antonio Barreiro.
Al frente de los clubes de alternes, al menos en la provincia charra, están personas “autóctonas” que cuentan con pequeñas redes de captación de las víctimas en países de origen, integrada por dos o tres personas, que por lo general son amigos o familiares. Una vez en España, se les comunica la deuda contraída, que suele oscilar entre los 3.500 y los 4.000 euros, y los proxenetas les obliga a trabajar seis días a la semana, con un mínimo de tres servicios sexuales por noche. De media, incluida las copas, el dueño del prostíbulo exige por noche a cada víctima unos ingresos de cien euros.
La Guardia Civil realizada como mínimo dos inspecciones anuales en todos los clubes de alterne de la Comunidad y, mediante personal formado en la trata de seres, mantienen entrevistas personales con todas las chicas con el objetivo de destapar casos de trata.
Una de la operación más importante contra la trata de seres con fines de explotación sexual se desarrolló el pasado año en Salamanca, donde la Guardia Civil logró liberar a nueve víctimas de explotación sexual, detuvo a un varón natural de Portugal, e investigado a varios miembros del grupo criminal que se encontraban fuera de España.
La forma de operar de este grupo consistía en captar mujeres en países sudamericanos, especialmente Paraguay, desde donde eran trasladadas a España con falsas promesas de trabajo. Una vez en España eran informadas de la deuda contraída con la organización superaba los 3.000 euros en concepto de gestiones para su traslado. Además, se las retiraba el pasaporte y se creaba una dependencia total con sus captores, quedando en un régimen de vigilancia permanente, siendo incluso acompañadas por alguien de la organización cuando salían a adquirir alimentos u otros productos de necesidad.
Durante los registros en un club de alterne y en un domicilio ubicados en el término de Fuentes de Oñoro, los agentes localizaron un club de alterne clandestino en fase de construcción, ubicado en el sótano de la vivienda del detenido y donde se había construido un túnel de unos 60 metros para facilitar el acceso de los posibles clientes desde una parcela colindante a dicha vivienda, como medida de seguridad para dificultar la acción policial.
Una de las principales dificultades que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra es lograr una declaración de las víctimas que sirva de acusación para poder detener a los explotadores y que estos puedan ser juzgados. Según reconoce el capitán Antonio Barreiro, las víctimas, conocedoras que están en un situación irregular, son reacias a denunciar por el miedo a ser deportadas a su país de origen y por temor a las consecuencias que pueden tener para su familia.
Además, también indica que al desconocer los derechos que las amparan y el hecho de que en el caso de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden regularizar su situación administrativa en España, las víctimas tienen “miedo” a la Guardia Civil. Solo en casos puntuales y cuando alguna de las entidades que les prestan asistencia les explican la realidad, se animan a dar el paso y denunciar. Barreiro también explica que otro hándicap a la hora de denunciar por parte de las víctimas es el miedo al fracaso ante su familia y más después de comprobar como desde los primeros días son capaces de enviar un dinero que para sus familias es vital para subsistir.
Coincidiendo con la pandemia, en el año 2020 la Junta puso en marcha el proyecto ‘Atrapadas’, una red por la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presta atención integral a mujeres en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución y son posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esta atención se concreta en actuaciones destinadas a facilitar un alojamiento, tanto para ellas como para sus hijos, la dispensación de productos de alimentación e higiene, potenciar su inserción laboral y facilitarles ayuda psicosocial.
Esta atención se canaliza a través de cinco entidades: la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Comunidad Adoratrices de Burgos, Congregación Hermanas Oblatas Centro Albor, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (Aclad) y Cáritas Diocesana de Astorga.
Desde su puesta en marcha y hasta el pasado mes de abril, han sido atendidas por este servicio 12.132 mujeres en Castilla y León. En 2021 fueron 3.112, mientras que en el pasado año fueron 2.677, según los datos facilitados por la Junta a Ical.
