La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Salamanca, Pilar Sánchez, afirmó este viernes que la institución provincial “ni ha dejado ni va a dejar solos a los pueblos” respecto al problema en el abastecimiento de agua potable que, según denunció hoy el PSOE, afecta a unos 140 municipios de la provincia, aproximadamente un tercio del total.
Sánchez recordó, en declaraciones remitidas a Ical, que los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano se han endurecido debido a un cambio normativo impulsado desde Europa y adaptado a la normativa española. Ahora, según indicó, el umbral de alerta por contaminación es “tres veces más exigente” que la normativa anterior, y es lo que ha motivado que, en este momento, se declaren alertas sanitarias por contaminación de agua potable por presencia de plaguicidas.
“Nos encontramos, por lo tanto, en un escenario complejo en el que la Diputación de Salamanca ya ha empezado a actuar, desde el primer momento en el que se detectó el problema”, continuó Pilar Sánchez. En primer lugar, la institución provincial adoptó “medidas preventivas” como la distribución de agua potable en los municipios afectados mediante depósitos móviles y camiones cisterna.
Además, la Diputación cuenta con el Plan Sequía, que está dotado con dos millones de euros por anualidad y que, según subrayó la portavoz ‘popular’, permite a los municipios aceptados solicitar ayuda económica para realizar inversiones con el objetivo de garantizar el agua del consumo humano. En este caso, puede servir la instalación de filtros que eliminen el contaminante, según ejemplificó Sánchez. Asimismo, la Diputación cuenta con una línea de financiación para que las mancomunidades puedan resolver estos nuevos problemas de contaminación de agua potable.
“Es importante destacar que esta nueva normativa de aguas ha obligado a cuadruplicar la dotación presupuestaria para el control de calidad del agua de consumo humano de la Diputación, pasando de 330.000 a 1.130.000 euros. Pero lo que no se puede hacer es legislar sin recursos, porque la Diputación llega hasta el máximo que le permiten sus competencias y, por eso, hay que preguntarse dónde está la financiación del Ministerio”, añadió.
Así, la portavoz ‘popular’ concluyó que “el Partido Socialista y el Grupo Socialista de la Diputación se olvida del mayor actor, que es el Gobierno de España y también la Confederación Hidrográfica del Duero”. “No se pueden imponer requisitos legales si no se nos da herramientas para poder aplicarlos. Está muy bien que Pedro Sánchez y el Gobierno tengan una agenda verde, pero la carga sobre las espaldas de las administraciones más pequeñas. Y eso es un claro síntoma de abandono al mundo rural”, zanjó.
