La viceconsejera María de Diego expone en Bruselas los proyectos e iniciativas que Castilla y León ha llevado a cabo y tiene previstos desarrollar para extender la banda ancha a la mayor parte de los municipios del territorio, con el fin de conseguir los objetivos de la Agenda Digital: que todos los hogares europeos tengan acceso a conexiones a Internet de 30 megabits por segundo y que el 50 % de los hogares tengan conexiones superiores a 100 Mbps para 2020.
En la intervención de la viceconsejera de la Junta de Castilla y León en la Plataforma para la Banda Ancha de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones se traslada a la Comisión Europea la necesidad de cerrar la brecha digital que representa el déficit de conectividad de las zonas rurales frente a las urbanas y se explica que en territorios como Castilla y León -esencialmente rurales, con una gran extensión territorial, baja densidad de población y población envejecida- la inversión necesaria para dotar de conexión de banda ancha a los núcleos de población dificulta seriamente su extensión, por el bajo atractivo que supone para los operadores.
La Unión Europea no se puede permitir que las zonas de población dispersa o con problemas demográficos queden excluidas de las nuevas redes de telecomunicaciones porque son una gran oportunidad para atraer población permitiendo la creación de tejido empresarial -pequeños negocios, profesionales independientes, turismo...-, facilitando la prestación de servicios sociales a la población y rompiendo el aislamiento de estos núcleos. Por todo ello, Castilla y León solicita a la Comisión Europea la búsqueda de soluciones para las zonas de “fallo de mercado”, reevaluar el actual modelo de subvenciones que permita llevar conexiones de alta velocidad a los núcleos pequeños y dispersos, analizando mecanismos alternativos a la subvención pública, como los que se están llevando a cabo en Europa y que en el reparto de Fondos Estructurales Europeos se tengan en cuenta, a estos efectos, las características de extensión territorial y dispersión poblacional.
La viceconsejera resalta la necesidad de programas específicos que impulsen la llegada de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a la población de las zonas más rurales y con problemas demográficos en los que, por un lado, se habiliten fondos específicamente dirigidos a este fin y, por otro, se flexibilicen las condiciones de competencia de forma específica para estas zonas de manera que las administraciones públicas puedan intervenir con menores restricciones. Actualmente, la Comisión Europea prioriza las redes de telecomunicaciones que supongan banda ancha ultrarrápida eliminando la posibilidad de financiar infraestructuras de banda ancha básica -menos de 30 Mbps-.
Financiación europea para infraestructuras
La Plataforma para la Banda Ancha es una herramienta lanzada por la Comisión Europea y el Comité de la Regiones para tratar los obstáculos y problemas que impiden que la conectividad llegue a todos los territorios de la Unión Europea y contribuir a que la banda ancha de alta velocidad llegue a todas las regiones, incluidas las zonas rurales y escasamente pobladas donde el mercado no asegura el desarrollo suficiente. Esta plataforma establece un diálogo político regular entre ambas entidades y está integrada por 12 miembros del Comité de las Regiones -Castilla y León es uno de ellos- y por representantes técnicos y políticos de la Comisión.
En esta reunión, la Comisión Europea presenta ‘Conectar Europa Digital’, un instrumento dotado en el periodo 2014-2020 con un presupuesto de 1.000 millones de euros, de los cuales 870 millones se destinan a infraestructuras de servicios digitales y el resto, 130 millones de euros, a redes de banda ancha. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones presenta el Fondo de Banda Ancha para Conectar Europa, a través del cual se invertirá en proyectos de infraestructura de banda ancha técnica y económicamente viables situados principalmente en zonas rurales y/o con baja densidad de población.
Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura
La Comisión SEDEC, compuesta por representantes de autoridades locales y regionales europeas, se reúne en cinco ocasiones a lo largo del año a fin de defender las necesidades ciudadanas en materia de empleo, política y protección social; educación y formación; investigación e innovación; juventud y deporte; y cultura y agenda digital, entre otras.
‘Remediar la fuga de cerebros: la dimensión local y regional’ es el título del informe de la Comisión SEDEC y la Fundación FORMIT que se ha expuesto hoy en la reunión de dicha Comisión, en Bruselas, en la que Castilla y León ha estado representada por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego. En la 21ª reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, que ha estado dirigida por su presidente y presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, también se ha presentado el Sello de Patrimonio Europeo (SPE), una distinción concedida por la Unión Europea a monumentos, lugares o patrimonio inmaterial que desempeñan un papel fundamental en la historia de Europa y de la integración europea.
En esta última reunión del año de la Comisión, se ha hecho público el Programa de trabajo de la SEDEC para 2019 y se han debatido y votado dos dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: ‘Inteligencia artificial para Europa’ y ‘Nueva agenda europea de investigación e innovación’.
La jornada ha concluido con una exposición de buenas prácticas de entes locales y regionales en el ámbito del programa de la Comisión Europea Horizonte 2020. Así, se ha analizado el proyecto MobileAge, encargado de la recopilación de datos por parte de la administración pública a través de la tecnología móvil, sobre la prestación de servicios públicos a la población europea de edad avanzada.
Cumplir con el Pilar Social: una perspectiva territorial
Al cumplirse un año desde que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea proclamaran conjuntamente el Pilar Europeo de los Derechos Sociales en la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia), se ha celebrado una conferencia bajo el título ‘Cumplir con el pilar social: una perspectiva territorial’. Considerado un acompañamiento necesario de la unión política, económica y monetaria para alcanzar una agenda social europea sólida que combata la pobreza, la exclusión social y el desempleo, el conocido como Pilar Social establece 20 principios y derechos estructurados en torno a tres capítulos: igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral; condiciones de trabajo justas; y protección e inclusión social.
En el evento, celebrado ayer en Bruselas, también participó la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, demostrando así, con la presencia de la Junta, el esfuerzo de Castilla y León por impulsar la voz de las regiones en la Unión Europea, también en su dimensión social. En él se evaluaron los progresos realizados para alcanzar los objetivos del Pilar Social y se debatió sobre el camino que debe seguirse en las futuras políticas sociales, de empleo y educativas de la UE. En este sentido, Castilla y León comparte la postura del Comité de las Regiones, que destaca la necesidad de implicar plenamente a las autoridades locales y regionales en la aplicación del Pilar Social Europeo, dado que de ellas depende gran parte de las competencias y herramientas necesarias para implementar dicho instrumento.
Castilla y León es la región española con los mejores resultados en prestación de los servicios sociales básicos a los ciudadanos; la primera de España en resultados del informe PISA -entre los mejores de UE-; la primera en España en atención a las personas dependientes -servicios sociales- y entre las primeras en materia sanitaria.
