Los centros residenciales y de día para personas mayores de Castilla y León ubicados en municipios de hasta 20.000 habitantes podrán contratar a partir del próximo año a trabajadores que no cuenten con la cualificación profesional exigida por la normativa de residencias de 2024, siempre que las oficinas de empleo acrediten que no existen demandantes con la formación requerida.
Según ha recogido Ical, esta flexibilización permitirá que el personal contratado pueda continuar desempeñando sus funciones hasta que consiga la titulación necesaria o haya profesionales cualificados disponibles para cubrir esos puestos.
La medida pretende dar respuesta a las dificultades que encuentran las residencias rurales para contratar trabajadores de atención directa. Una problemática que tiene especial incidencia en Castilla y León debido a las características de su territorio y a la dispersión de su población.
Cambios también en las ratios de personal
La reforma contempla además una mayor flexibilidad en las ratios mínimas de profesionales de los centros residenciales, tanto públicos como privados. El número de trabajadores podrá adaptarse a las necesidades de cada instalación, teniendo en cuenta el número de usuarios, los servicios que presta y sus dimensiones.
Según Ical los nuevos criterios podrán establecerse de forma global para profesionales técnicos y de atención directa o de manera específica para determinadas categorías. El desarrollo reglamentario deberá aprobarse en el plazo de un año.
Diez millones para adaptar viviendas
Por otro lado, según ha informado Ical se destinarán diez millones de euros a ayudas para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas donde residan personas mayores y para adquirir dispositivos domóticos.
Las subvenciones se concederán por orden de entrada de las solicitudes, una vez que los expedientes estén completos.
