El actual alcalde de Villarino, Julián Martín, abandona el Partido Popular y se quedará como no adscrito al frente del Ayuntamiento de la localidad. Cabe recordar que Martín ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación administrativa y condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a 9 años de inhabilitación. Condena que evitará temporalmente hasta agotar la vía judicial ya que el propio alcalde ha asegurado que tiene intención de recurrir la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Su salida del PP no tiene ninguna consecuencia más que dejar el partido y no lleva implícita ni el abandono a la alcaldía, donde se puede mantener si sigue teniendo el apoyo de los tres ediles del PP que lo acompañaban en el equipo de Gobierno, ni como concejal ya que el acta es personal e intransferible por lo que sólo el puede renunciar a la misma. “Por no meter al partido he pedido la baja voluntaria”, ha confirmado Martín en un momento incómodo para él ya a pesar de haber asegurado durante su declaración en el juzgado que hizo todo lo que le dijo el secretario en cuanto a la forma de contratar a su hermano la sentencia ha sido condenatoria.
Una renuncia que evitará que su caso llegue hasta el Comité de Derechos y Garantías del PP, entidad que analiza las infracciones cometidas por los afiliados. En los estatutos del partido está tipificado como infracción muy grave “la condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los presentes estatutos, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente”. Infracciones que pueden ser sancionadas con la suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años; la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo y la expulsión del partido, la sanción más grave que según los estatutos se impone “cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración, y cuando pasase a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los del Partido Popular”.
