En los trabajos han participado agentes de la Guardia Civil provenientes de Zamora y Madrid especializados en la búsqueda y detección de cebos envenenados. Dichos trabajos se han realizado con el apoyo de varias unidades de agentes medioambientales del Parque Natural.
Estas actuaciones se han realizado dentro del marco del “Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Castilla y León” de la Junta de Castilla y León y la lucha contra el uso ilegal del veneno que desarrolla permanentemente el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Estas tareas se realizan en permanente comunicación y colaboración entre las dos instituciones.”
La conservación del Parque Natural Arribes, gestionado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se realiza en coordinación constante entre las provincias de Zamora y Salamanca, al igual que con el Parque Natural do Douro Internacional en Portugal, con el que es frontera en más de 130 kilómetros.
Desde el año 2015 está en funcionamiento un proyecto de conservación de carácter europeo, LIFE Rupis, que lidera Portugal, se colabora en muchos aspectos para la conservación de las especies rupícolas, como el alimoche (Neophron percnopterus), símbolo de ambos parques naturales. Uno de los aspectos en los que se ha trabajado de forma conjunta ha sido la lucha contra el veneno en la zona fronteriza. Este Proyecto tiene como objetivo primordial la preservación de estas y otras especies amenazadas a través de, entre otras acciones, la reducción de la mortalidad adulta y la mejora de sus parámetros reproductivos.
El análisis a nivel provincial ha permitido detectar cierta concentración de casos de envenenamiento en el Parque Natural de Arribes, en la comarca de Sayago en Zamora y en el noroeste de Salamanca. En cuanto a las sustancias tóxicas más utilizadas destacan los insecticidas carbámicos como aldicarb y carbofurano y otras como bromadiolona y endosulfan metomilo.
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural es una de las prácticas más perjudiciales para la conservación y supervivencia de numerosas especies de fauna silvestre y está tipificada como delito en el artículo 336 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
